Resulta preocupante que justamente ahora, cuando la condición de ciudadano español ha pasado a ser exactamente eso, una verdadera ciudadanía, un marco de derechos y libertades para hombres y mujeres que vivimos en España, se oigan voces, excesivas voces, que pretenden presentar esa ciudadanía española como sospechosa, trasnochada o impura.
Los españoles podemos sentirnos profundamente catalanes, vascos, madrileños, andaluces, extremeños, murcianos, etc., o podemos sentirnos profundamente europeos, pero debe de quedar claro que nuestros derechos a influir y a ser escuchados en los asuntos públicos, a ser respetados por los poderes establecidos, a determinados niveles de educación y bienestar social, a ciertas reglas de juego en las relaciones laborales, las tenemos, no en nuestra condición de ciudadanos de una determinada Comunidad Autónoma, sino en nuestra condición de ciudadanos españoles, al amparo de una Constitución que ha sido un logro, no precisamente fácil, de nuestra historia, y de la que podemos sentirnos orgullos los políticos tan denostados de la España de hoy.
La primera pregunta sería ésta: este Estado complejo, descentralizado, que incluye, sin duda alguna --porque, además, lo dice la Constitución-, el regionalismo, el nacionalismo y los hechos diferenciales, ¿niega la realidad de España? Mi respuesta es no; no sólo es que no niega la realidad de España; es que la afirma; es que eso es España, un país descentralizado, con nacionalidades, regiones y hechos diferenciales.
Segunda pregunta: el respeto por los hechos diferenciales, ¿es sólo producto de la coyuntura política o de la dinámica política nacional actual? Mi respuesta es que la pluralidad y diferencia territorial es tan rica y tan compleja en España que ni siquiera la suma de votos del PP y del PSOE, es decir la inmensa mayoría de los votos de toda España, estaría políticamente legitimada para aplastar, ignorar o negar esa complejidad de los hechos diferenciales que, repito, no sólo no niega la identidad de España, sino que la identifica y la afirma.
Tercera pregunta: La complejidad de España, que nace de que no todos los pueblos o territorios tenemos cultura o lenguas diferenciadas, de que no todos tenemos necesidad de policías autonómicas, o de que no todos somos herederos de instituciones de autogobierno con larga tradición histórica, ¿exige igualitarismo autonómico entre toda la región? Mi respuesta es NO.
¿Por qué no se va a aceptar como algo natural que pueblos como el catalán, el vasco, el gallego o el valenciano, necesiten como esencial para definir su alma como pueblo, para su identidad, la existencia de competencias que les permitan diferenciarse de quienes nos movemos por otras inquietudes u otras necesidades?
Esto es muy fácil de decir, aunque seguramente, es más difícil de admitir.
Sólo por torpeza, por miedo o por oportunismo, seguimos confundiendo "el problema vasco" con "el problema del terrorismo", con efectos devastadores para el País Vasco y para España. Si no existiera ETA, todo sería más comprensible en este complicado pero apasionante país.
Cuarenta años después del nacimiento de ETA exigen una reflexión sobre el problema de la violencia y una toma de posición clara y rotunda del Gobierno y de los partidos que conforman el arco parlamentario.
En mi opinión, la razón fundamental por la que ETA subsiste como amenaza para la sociedad y para el Estado democrático es que los etarras tienen en su bolsillo la llave de la cárcel en la que están prisioneros.
Hemos cometido, y seguimos cometiendo, el error de crearles una sensación permanente de impunidad para sus acciones delictivas.
Todavía, desde el Gobierno, pero también desde diversos sectores políticos, sociales e intelectuales, se sigue sin comprender que no se pueden mantener afirmaciones como: "sólo es posible el diálogo cuando dejen de matar", o "seremos generosos si dejan las pistolas". La buena fe evidente en esta ansiedad por encontrar "una salida a los problemas", se convierte en oferta de impunidad para cuando dejen de matar.
Los terroristas, cuando oyen esas propuestas, están convencidos de tener la llave de la cárcel, como un mínimo garantizado, cuando "abandonen las acciones de terror". A partir de ese mínimo, lo que puedan conseguir políticamente es un añadido que los justifique históricamente. Es decir, juegan con la dramática ventaja de poner el número de muertos, extorsiones, secuestros y chantajes en el nivel que quieren, con la esperanza de no pagar por ello cuando decidan parar.
Los terroristas trabajan con la ventaja de que su "declaración de guerra" al Estado democrático no es correspondida, ni debe serlo, por supuesto, con una declaración de guerra a los criminales en sus propios términos.
Sin embargo, es posible no concederles ninguna ventaja adicional, como la que les estamos concediendo con nuestra actitud y con nuestros errores. Es decir, es posible conseguir más eficacia en el marco jurídico-constitucional actual y, por tanto, sin alharacas declarativas sobre modificaciones en el Código Penal o interpretaciones dudosamente constitucionales. Bastaría con que PSOE y PP y Gobierno de España decidieran impulsar conjuntamente un proceso de oferta de paz o, si se quiere, lanzar un ultimátum a la banda haciéndola saber que en el plazo de tres meses o se disuelven o definitivamente jamás se oirá ninguna oferta proveniente del terror o de su entorno. Tarde o temprano volveremos a encontrarnos con la oferta de tregua por parte de ETA con el objetivo de ganar tiempo y algún que otro beneficio.
¿Qué tal si fuera ETA la que se encontrara con la oferta de los demócratas españoles? : O se disuelven o se aprueba en el Parlamento español la prohibición de medidas de gracia o de cualquier tipo para todos los terroristas encarcelados, por encarcelar. Veríamos qué respondían, sabríamos a qué atenernos definitivamente y ETA sabría de nuestra generosidad o dureza definitivamente.
