El 20 de marzo de 2010, ayer, fue el final de una historia que ha durado 30 años. Y hoy empieza otra. Andalucía ya no recurrirá a los tribunales para obligar al Gobierno central a pagar más por la deuda histórica, y el Estado da por terminado un incómodo litigio que ha durado 30 años, y que fuera de Andalucía ni se entiende ni se comparte. De hecho, Extremadura y Murcia se precipitaron el viernes a reclamar su propia deuda al Gobierno, y el secretario general de Esquerra Republicana, Joan Ridao, criticó ayer a Zapatero por "inundar" con dinero "su feudo andaluz" en un momento de crisis que afecta a las 17 comunidades autónomas.
Pero una vez que el Estado y la Junta han dado por liquidada la deuda, la mayor preocupación del Gobierno andaluz es buscar el modo de convertir el suelo estatal que les han transferido -380 hectáreas- en dinero líquido para reinvertirlo en vivienda, educación y sanidad. Para eso se incluyó la deuda en el primer Estatuto: Para compensar el déficit con el que Andalucía asumió las competencias en educación, sanidad y vivienda en los años 80, cuando el Estado transfirió la responsabilidad pero no el dinero con el que asumirla.
Como la crisis no permitía extraer dinero de las arcas del Estado, Andalucía ha aceptado el traspaso de 22 solares en seis provincias, más Agesa -que gestiona los activos de la Expo 92- más otros dos millones en dinero líquido. Según aseguró ayer la Consejería de Economía, los activos de Agesa han sido valorados por un tasador independiente. El resultado está muy por encima de lo que en principio estimó la Junta: de 330 a 509 millones de euros. La diferencia alcanza los 200 millones porque además de los activos y de los edificios de la Cartuja, se incluyen otros conceptos como los beneficios de explotación, la cartera de clientes, la cotización en Bolsa y el saneamiento de sus cuentas.
El reto ahora pasa por sacar rentabilidad a los solares en un momento de parón inmobiliario e inversor, y la oposición, segura de que no se sacará dinero de ahí, centra sus críticas en la fórmula de pago en suelo. Fuentes de la Junta anticipan desde ya que el plan no es construir viviendas en todos los terrenos, sobre todo ahora que el Gobierno apuesta por la rehabilitación de viviendas para no sobredimensionar aún más el parque inmobiliario. Pero sí pretenden sacarles rentabilidad vendiéndolos a terceros para traducirlos en dinero contante y sonante con el que invertir en servicios sociales, como ayer mismo insistió el presidente Griñán. Para que funcionen como moneda de cambio, la Junta ha basado la cuantificación de los solares en su edificabilidad, por eso se añadieron cuatro terrenos más a última hora, para compensar que el solar más extenso estaba en suelo protegido.
Las dos principales bolsas de suelo cedidas se encuentran en zonas previstas en los planeamientos urbanísticos de Almería y Sevilla como de expansión natural de las ciudades, tanto para uso residencial como terciario, mientras en Cádiz la Junta se ha hecho con uno de los pocos solares que quedan libres en una ciudad asediada por la falta de espacio y la imposibilidad de expandirse, cercada por el mar.
En Almería, aún dejando de lado las 224 hectáreas protegidas, quedan 156 que, según Vivienda, podrían albergar hasta 3.000 viviendas de las 4.000 que caben en los 18 solares iniciales -el martes tiene previsto presentar un nuevo cálculo computando los cuatro nuevos solares-. En Sevilla, se han cedido 45 hectáreas del paraje de Villanueva del Pítamo, un terreno que ocupa en total 200 hectáreas en las que el PGOU estima que cabrían 8.000 viviendas. Más incierta es la rentabilidad del edificio de Correos en Málaga o el cuartel de Los Mondragones de Granada y sus aledaños.
