Al juez Baltasar Garzón no le ha temblado la mano para prohibir durante tres años prorrogables a esos dos disfraces de Batasuna denominados Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV. Y así debe ser. Una vez reunidas todas las pruebas y no antes como algunos pretendían, la justicia adopta otra decisión soberana. Aunque el auto del juez se hubiera producido al margen de estar o no el país en precampaña electoral, la coincidencia repercutirá en las urnas. Los partidos que respaldan a la banda terrorista ETA no podrán concurrir el 9M (legalmente). Es de esperar por ello que el proceso de consulta democrática estará menos contaminado que en otras ocasiones en el País Vasco. La decisión judicial evidencia también una vez más la independencia y el rigor del tercer poder, pese a las críticas al respecto de ideologías ubicadas en los dos extremos del espectro político. Porque el PP se empeña con ahínco en culpar al presidente Zapatero de carecer de la energía suficiente contra el entorno etarra poco menos que amordazando a los magistrados al tiempo que los abertzales responsabilizan hoy también al presidente del cierre de sus sedes y el bloqueo de sus cuentas que ha decretado el juez. Que dos formaciones tan alejadas entre sí muestren ese sorprendente nivel de coincidencia ese la mejor señal de que la independencia judicial está a salvo. Porque es evidente que no se puede ser culpable al tiempo de una cosa y su contraria. La orden de Garzón coincide también sin pretenderlo con otro brutal discurso etarra a través del lenguaje de las bombas, el único por el que apuesta la banda. El atentado sin víctimas, pero igual de temible que todos los demás, de Bergara (Guipúzcoa) señala ya directamente al poder judicial como culpable de todos los males que sufre los palmeros etarras y los propios terroristas. Las dos mochilas con explosivos reventaron a las puertas de los juzgados de esa población vasca. Un desalmado aviso que debe acentuar la protección del gremio judicial y que avala sin pretenderlo el impecable trabajo que están realizando los jueces contra los delitos de terrorismo.
