A falta de los últimos flecos que puedan ajustarse, se puede dar ya por culminada una de las negociaciones más complejas en las que se ha visto inmerso el Gobierno desde que Zapatero accediera a la Moncloa. La presentación por la vicepresidenta Elena Salgado de la propuesta final para el nuevo marco de financiación de las comunidades pone fin a la discusión sobre el dinero que percibirán quince regiones (todas salvo el País Vasco y Navarra) en los próximos años de parte del Estado.
Para resumir, y desde la perspectiva andaluza, cabe preguntarse dos cuestiones: si los ciudadanos andaluces ganan con la aplicación del nuevo modelo y si éste respeta los principios de solidaridad y equidad que deben presidir un acuerdo de este tenor. La primera respuesta es afirmativa y no admite ni el matiz de la comparación con lo que recibirán por el mismo concepto otras comunidades autónomas.
Hay tres razones para ello. La primera reside en que, al igual que el resto de regiones, aumenta la corresponsabilidad fiscal al aceptarse que las comunidades recibirán el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales que se recauden en sus territorios.
La segunda se liga a los criterios para el reparto de los fondos. Andalucía ha insistido desde el primer minuto de la negociación en que el elemento sustancial que debe primar sea el de la población de cada región, de modo que cada uno reciba en proporción al número de habitantes censados. Pues bien, se admite como criterio general este concepto y también la petición de que se aceptaran los parámetros de ponderación relativos a los niños en edad escolar y los mayores de 65 años.
El tercer motivo también es obvio: como el resto, ganará en recursos gracias a la puesta a disposición de las comunidades de un fondo adicional de más de 11.000 millones. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunció ayer que Andalucía recibirá por este concepto 3,133 millones. La noticia es muy buena, pero extraña un poco, pues sólo 48 horas antes, la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, anunció que se ganaría por este fondo un máximo de 1.700 millones. Es decir, que en dos días se ganan otros 1.433 millones más gracias a que se suma también el cálculo de lo que se percibirá por la evolución de los impuestos (390 millones) y el dinero que llegará para financiar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la subvención de la explotación de los metros de Sevilla y Málaga.
Es una mera interpretación, pero parece como si Andalucía, aun sin necesitarlo, se viera obligada a ofrecer a la opinión pública una subida en fondos adicionales cercana a la conseguida por Cataluña (3.855 millones en 2012) para evitar que se aviven agravios comparativos o que se alimente la idea de que no ha negociado igual de bien que la Generalitat, cosa que, por lo demás, no es cierta. La mezcla de fondos adicionales con la explotación de los metros no parece muy ortodoxa, pero si con eso se gana en claridad comparativa y se evita que haya quien se lleve la impresión errónea de que Cataluña le gana a Andalucía, pues hay que darla por bienvenida. Y, por cierto, ahora toca también observar cómo reciben PP e IU en Andalucía el acuerdo. De momento insisten en el tremendismo de acusar a la Junta de traicionar los intereses de Andalucía aun a sabiendas de que la propuesta cumple escrupulosamente el Estatuto de Autonomía que ellos mismos apoyaron con sus votos.
En cuanto al Gobierno Central, sólo una crítica. Ha hecho un esfuerzo ciclópeo para cuadrar los intereses inmersos y ha comprometido una cantidad extraordinaria para los fondos adicionales, pero al final queda el titular de que a quien había que convencer para garantizar el éxito del modelo era a Esquerra Republicana, y que por eso Zapatero tuvo que llamar por teléfono a Puigcercós y a Tardá el sábado por la noche para persuadir a los independentistas de que apoyasen la propuesta de Salgado. Y esto es peligroso, pues se puede dar la idea de que se favorecen determinados intereses cuando no es cierto. Al contrario. Pese a lo que diga el PP, el sistema es más justo y participativo, proporciona más dinero para la satisfacción de servicios básicos como la educación y la sanidad y se cuida de evitar agravios, más allá de la excepcionalidad histórica de el País Vasco y Navarra. Ésa, y no otra, es la realidad. Lo que hay que hacer es explicarla algo mejor y con más cifras por delante.
