Los acuerdos entre la Fiscalía Anticorrupción y las defensas del caso Malaya comienzan a caer, uno tras otro, como la fruta madura de un árbol. Ayer fue Carmelo Armenta el acusado que reconoció su culpabilidad: admitió haber firmado un contrato con el que justificar el dinero que el empresario Ismael Pérez Peña le prestó a Juan Antonio Roca, dos millones de euros, y que la policía de Getafe intervino en un control rutinario de carretera. Armenta sale muy beneficiado: por el delito de falsedad de documental sufrirá seis meses de cárcel -ni siquiera entrará en prisión-, y deberá pagar una multa de 5.400 euros.
La historia se produjo en la famosa cita entre Roca y el empresario Ismael Pérez Peña del Hotel Villamagna de Madrid, el 26 de enero de 2006. El exasesor de Urbanismo le había pedido 500.000 millones de pesetas a Peña, pero éste, adjudicatario del renting de vehículos del consistorio marbellí y con aspiraciones de quedarse con la grúa, le dijo que no tenía esa cantidad. Sólo podía dejarle dos millones de euros, según consta en el acuerdo entre la Fiscalía y el encausado. Para ello quedaron en que la entrega del dinero se haría en las instalaciones de la empresa Pérez Peña, ubicada en Getafe, lugar al que se desplazaron el 30 de enero de 2006, por orden de Roca, "para recoger el dinero Óscar Benavente y Jaime Hachuel en un Audi A6". Se llevaron la suma en metálico, pero al salir de la sede social se encontraron con un control rutinario de la Policía, que interceptó el dinero.
Al conocer el madrileño el suceso, se puso en contacto por Roca, acordando elaborar un contrato privado de compraventa en virtud del cual una firma de Roca, representada por Benavente, vendía a la entidad Recuperaciones Technimetal tres chalés de Cala D'or (Baleares) por dos millones, documento que se dató el 4 de octubre de 2005, "con el que se pretendía justificar la posesión del dinero intervenido", asegura el fiscal en el escrito en el que sustenta el acuerdo.
pactos. El contrato se firmó en la sede del despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano Zurita, de Madrid, por el representante de Recuperaciones Technimetal, Carmelo Armenta, "quien era consciente de la mendacidad del documento y del fin perseguido por el mismo, accediendo a ello por su amistad con Pérez Peña". De hecho, el empresario madrileño también reconoció el lunes haber sobornado a Roca y a Marisol Yagüe pagándoles 180.000 euros y dándole a la alcaldesa cuatro vehículos, con lo que la pena bajó desde los 11 años de prisión a apenas dos años y tres meses sustituibles por multas que suman más de 220.000 euros.
Diferentes fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguran que, una vez que el pacto de silencio se ha roto, los acuerdos entre fiscal y defensas pueden caer en cascada en los próximos días. También se ha conformado con la pena solicitada el hijo de Pérez Peña, lo que será firme en próximas fechas.
