Los padres de un alumno del CEIP Eduard Marquina de Barcelona han sido condenados a un año de cárcel por agredir y amenazar de muerte a dos maestras, una de ellas directora de la escuela, y a una conserje del centro en octubre de 2006. Los condenados deberán además pagar una indemnización de 6.500 euros.
La jueza que instruye el caso les acusa de un delito de atentado a funcionario, al haber amenazado y agredido a dos maestras y a la conserje del centro. Es la primera vez en la comunidad catalana que se dicta una sentencia que condena por delito de atentado la agresión a unas profesoras, después de una instrucción de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que los fiscales dejaran de tipificar estas conductas como una simple falta y las consideraran como un delito.
La agresión ocurrió el 11 de octubre de 2006, después de que las agredidas reclamaran a los padres el pago de 5 euros para utilizar el servicio de guardería previo al inicio de las clases. El Juzgado Penal número 17 de Barcelona obliga además a los condenados a indemnizar con 4.500 euros a la directora y con 2.000 a la conserje de la escuela.
En su sentencia, el tribunal se basa en la Constitución Española para subrayar la necesidad de garantizar los derechos a la educación y salud pública, así "como el ejercicio de aquellas funciones desarrolladas por profesionales" que permiten el disfrute de esos derechos.
El caso de la escuela Eduard Marquina fue el primero en que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pidió que se abrieran diligencias penales por una agresión de este tipo, ya que el entonces fiscal jefe, José María Mena, ordenó el 14 de noviembre de 2006 perseguir como atentado los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y de la sanidad públicas relacionadas con el ejercicio de su labor.
Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2006 en la puerta del CEIP Eduard Marquina, en el barrio barcelonés del Besòs, cuando los padres del alumno, que entonces tenía 5 años, se indignaron con la dirección del centro porque se les pidió el pago simbólico de cinco euros para que su hijo, cuyo horario de entrada era a las 9.30 horas, fuese admitido en el servicio de acogida que empezaba una hora antes.
La escuela permitía a modo de favor que tres familias, entre ellas la de los acusados, llevaran a sus hijos al servicio de guardería a cambio de que pagaran una cantidad simbólica de cinco euros mensuales, que Juan V.A. y Montserrat M.G. no abonaron nunca.
Finalmente, y ante la negativa de los padres a abonar la cuota, la directora, la jefa de estudios y la conserje de la escuela decidieron prohibir el acceso del menor al centro y pidieron al hijo mayor de los acusados, que no estudiaba en el centro pero que acompañaba a su hermano, que les dijera a sus padres que acudieran a la escuela para hablar del tema.
Amenazas. Poco después, el mismo día 11 de octubre, los imputados se presentaron en el colegio con "actitud agresiva" y Montserrat M.G. se encaró con la directora y, posteriormente, con la jefa de estudios, a quien agarró por el cuello y empujó alentada por su marido. También amenazó a la conserje después de que ésta alertara a los Mossos d'Esquadra de los hechos.
