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Un año de recortes, de paro insoportable y confrontación política

Junta y Gobierno han reeditado la bronca más dura por el déficit, los ajustes o una reforma laboral que elevó al 35% la tasa de desempleo

el 30 dic 2012 / 19:32 h.

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Una de las muchas protestas de ciudadanos contra los recortes del Gobierno.

Políticamente intenso y durísimo para los andaluces. Así ha sido 2012, el año de la asfixia económica de los gobiernos y de las familias. Acaba bastante peor que como empezó, con más de 1,42 millones de parados en la comunidad y 500.000 familias sin ingresos que, además, han tenido que soportar los severos recortes en sanidad, educación, los copagos, la subida de impuestos, la reforma laboral o el pensionazo. Todas estas medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, impulsadas para cumplir con Bruselas, han enfrentado al Ejecutivo del PP con el Gobierno andaluz que, por primera vez conforman PSOE e IU. Las autonómicas del 25-M dieron la vuelta a las encuestas y frustraron la mayoría absoluta del PP andaluz que, aunque ganó las elecciones, no pudo gobernar. Este fiasco desencadenó la sucesión de Javier Arenas tras 19 años de liderazgo.


Pero los movimientos y las crisis internas de los grandes partidos, que han sido muchas, no han sido el principal quebradero de cabeza de los andaluces. A la gente le preocupa el paro, que alcanza en la comunidad la insoportable tasa del 35,42%, la crisis y dramas como los desahucios. En los nueve primeros meses del año 10.438 familias han tenido que abandonar sus casas, según datos del Consejo General del Poder Judicial . Los desalojos, además, provocaron que tres personas se quitaran la vida por perder sus viviendas.


2012 ha sido un año de sufrimiento social, que se ha plasmado en las calles en numerosas protestas y en dos huelgas generales, y de alta tensión política. La Junta de Andalucía se convirtió desde el día después de las autonómicas en prácticamente la única oposición al Ejecutivo central. Sus encontronazos han sido sonados y ambas administraciones han llegado a cruzar hasta cinco recursos en el Tribunal Constitucional. El Gobierno de Rajoy recurrió las oposiciones de profesores en Andalucía o la subasta de fármacos, mientras que la Junta llevó a los tribunales los recortes en sanidad, la liberalización de los horarios comerciales y está a la espera de ver cómo se resuelve el recurso de Extremadura contra la anulación del impuesto a la banca.

La reforma laboral, que ha hecho mella en la comunidad, y la reforma educativa del ministro Wert han añadido más leña a la ya de por sí mala relación institucional.Todo ello abrió un periodo de dura confrontación que recuerda a la que se vivió en la etapa de Aznar.


El Gobierno andaluz denuncia que el Ejecutivo "maltrata y discrimina" a Andalucía y lidera una cruzada contra la "obsesión por la austeridad" y contra lo que considera un "reparto injusto" de la carga del déficit. Después de que Bruselas exigiera a España apretarse el cinturón para cuadrar sus cuentas, el Ejecutivo fijó en el 1,5% del PIB el tope de déficit que podían alcanzar las comunidades este año, mientras que el Estado tiene margen hasta el 4,5%. La Junta alega que esta distribución busca desmantelar el Estado Autonómico y abocar a las regiones a privatizar servicios -como ya están haciendo algunas del PP- porque son las autonomías las que asumen los costes de la sanidad, educación o dependencia. La soga del déficit obligó al Gobierno andaluz a acometer la pasada primavera un recorte histórico al Presupuesto de 2012 de 3.500 millones. Este tijeretazo, que casi abre una brecha en el Gobierno de coalición de izquierdas, fue el primero de los tres grandes retos que superó la alianza de PSOE e IU. Los otros dos fueron la comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de los ERE que, aunque cerró en falso, no logró desestabilizar el acuerdo de Gobierno, y el Presupuesto de 2013. El Parlamento acaba de aprobar las cuentas más restrictivas de la autonomía, diseñadas para cumplir con el objetivo del déficit del 0,7%.


Pero aún está por ver que Andalucía consiga rebajar este año su déficit al 1,5%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha vuelto a amenazar a la comunidad con intervenirla si no acata la Ley de Estabilidad. Montoro y la ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, acaparan los conflictos que han disputado la Junta y el Ejecutivo, con la diferencia de que la interlocución con el titular de Hacienda es muy fluida y correcta, según la propia consejería, y el trato con Báñez es todo lo contrario.

Andalucía dejará de recibir 35 millones para políticas activas de empleo y, pese a tener la tasa de paro más alta del país, no contará con un plan de empleo específico. El momento de mayor tensión con el departamento de Cristóbal Montoro se vivió a finales de julio, cuando la consejera de Hacienda abandonó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en protesta por unos límites de endeudamiento que beneficiaban a las autonomías menos saneadas y perjudicaban, sobre todo, a Andalucía.


La confrontación se rebajó a partir de lo que la Junta considera el punto de inflexión: la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre. En pleno órdago independentista de Cataluña y tras el cuestionamiento del Estado Autonómico, Gobierno y comunidades cerraron filas con los compromisos adquiridos con Bruselas para reforzar la marca España. Quedaron en revisar el reparto de déficit en 2014, aunque la Junta lucha para que se cambie el próximo año. Después de esta cita, el Ejecutivo dio oxígeno a Andalucía al permitir elevar su techo de deuda al 15,3% y evitar así otro recorte de 2.700 millones.

En este clima y ante el cierre de los mercados financieros, la Junta pidió el rescate y solicitó 4.906 millones al Fondo de Liquidez Autonómica, aunque solo llegaron 2.133. Andalucía volvió a denunciar un trato discriminatorio respecto a regiones como Cataluña y Valencia. Ya ha anunciado que en el nuevo FLA reclamará 7.000 millones y un cambio de criterios en el reparto del dinero.


El rescate, la revisión del déficit y del sistema de financiación y el cumplimiento del Estatuto son los asuntos más importantes que aún tienen que negociar ambas administraciones. En clave interna, los partidos tienen otras asignaturas: el PP-A debe elegir en 2013 a un candidato a la Junta distinto del líder, Juan Ignacio Zoido; el PSOE-A tiene que recuperar a su electorado y liderar el debate federal del partido e IU, afrontar la sucesión de Diego Valderas. Platos fuertes para un año que se antoja tan duro como el que ahora despedimos.

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