Hace ya un año que el hilo del que comenzó a tirar la jueza Mercedes Alaya acabó convirtiéndose en una auténtica madeja, ni más ni menos la que luce en el escudo del Ayuntamiento. La magistrada mantiene bajo secreto de sumario desde entonces la investigación, que puede acabar convirtiéndose en una auténtica macrocausa y en el mayor caso de corrupción municipal. Hasta ahora la instructora sólo ha levantado el secreto en la parte de la operación Madeja que hace referencia al exasesor socialista y exdirector de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y su mujer, la abogada Ana Vaquero. Ya hay trece personas imputadas.
El hilo de Madeja parte del caso Mercasevilla. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ordenó a la Guardia Civil investigar el patrimonio de Castaño dentro de la causa que mantiene abierta por la venta irregular de los terrenos a la una filial de la constructora malagueña Sando. Los agentes iniciaron una investigación que les llevó a destapar toda una trama de favores y regalos a cambio de contratos municipales. Dos empresas, Fitonovo y Fiverde, estaban tras estas dádivas con las que supuestamente lograron «aumentar su facturación con el Ayuntamiento» coincidiendo con la época en la que Castaño ostentaba cargos municipales.
En julio del año pasado, la Unidad Central Operativa (UCO) puso en marcha la primera fase de la operación que se saldó con la detención de cuatro personas e imputación de otras dos, entre las que se encontraba Castaño, su esposa, el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y el de Fiverde, Ángel Manuel Macedo. Castaño ingresó entonces en prisión, el único, aunque la pudo abandonar a mediados de agosto tras pagar una fianza de 60.000 euros. En su declaración ante la magistrada González Palomo llegó a admitir que entregó un sobre con 30.000 euros para Castaño y que entonces le dijeron que «era para el PSOE», así como otros regalos, como teléfonos móviles. Igualmente, desveló que su empresa se hizo cargo de los gastos de una reforma que se llevó a cabo en la agrupación del PSOE de la Macarena, que se facturaron a nombre de la empresa de desratización Klevin, y cuyo propietario también está en la lista de imputados.
La segunda fase de Madeja llegó en diciembre de 2013. La Guardia Civil realizaba un segundo registro en la sede de Fitonovo, donde detenía a su actual administrador, José Antonio González Baró. Igualmente, se registraron otras dos empresas y se detuvieron a cinco personas, entre ellas Baró, y se imputó a dos. La sorpresa fue que la trama de corrupción salpicaba a la actual legislatura, hasta entonces se había vinculado exclusivamente al PSOE, ya que se registró la sede de Parques y Jardines y fue imputado su director, Joaquín Peñas, que fue cesado de forma fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido. La operación también salpicó al jefe de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, y al funcionario jubilado de Parques y Jardines Francisco de Amores, y quien según Alaya cobraría 500 euros mensuales de Fitonovo más otros 25.000 euros de otra empresa. Éste alegó que se trataba de préstamos. Baró, Huertas y Amores ingresaron entonces en prisión, aunque los tres han abandonado ya la prisión tras pagar las respectivas fianzas impuestas.
La investigación destapó entonces la existencia de una contabilidad B en Fitonovo, donde los agentes localizaron un documento excel con nombres e iniciales, en el que quedaban anotados los pagos periódicos realizados en la última década, desde 2003, lo que implica que se trataría de un sistema perpetuado y que se habría mantenido con el actual Gobierno municipal. Todo ello cuando Alaya sospechaba de una posible financiación ilegal del PSOE tras esta trama. De hecho, la magistrada ha reclamado al Ayuntamiento el contrato de mantenimiento de arbolado y zonas verdes aprobado en 2012 y adjudicado a Fitonovo. Asimismo, el alcalde ordenó investigar todos los contratos con esta empresa tras la detención de Peña.
En mayo, tras levantarse de forma parcial el secreto de sumario sobre la parte referente a Castaño, se daban a conocer nuevos datos interesantes sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del exdirector de Vía Pública. Éste habría llegado a recibir de forma ilegal 411.000 euros durante su etapa en el Consistorio, según las conclusiones de un informe de la UCO. Su patrimonio se vio incrementado de 244.000 euros a más de un millón en siete años, es decir, en 811.396 euros «cuando los ingresos justificables ascienden a 531.209 euros».
En el atestado se habla incluso de reformas en su casa «pagadas por Fitonovo» y consiguió comprar hasta 50.000 euros en muebles «sin que las sociedades declarasen estas ventas». Según la Guardia Civil afirma, por un lado, que Castaño «pudo favorecer» a Sando en el concurso de Mercasevilla «a la vista de las cantidades de efectivo y compras en efectivo cuyo origen se desconoce»; y por otro, que este incremento patrimonial «parece tener relación directa con los cargos y puestos desempeñados en el Ayuntamiento y en Mercasevilla».
