El Correo
Los cuatro responsables de una discoteca de la calle Torneo han aceptado un año y medio de cárcel y el pago de 20.000 euros de indemnización por un delito contra el medio ambiente por los tres años en los que su local emitió ruidos por encima de lo permitido.
El juicio contra M.N.L., J.L.A.R., M.R.N.L. y J.A.J. iba a celebrarse el próximo martes en la Audiencia de Sevilla pero las partes ultimaron ayer un acuerdo, pendiente de confirmar mediante el ingreso de las indemnizaciones económicas, por el cual las acusaciones retirarán los cinco años de cárcel que pedían para cada imputado.
Esta petición de condena por un presunto delito contra el medio ambiente es la más alta solicitada hasta ahora en Sevilla por este tipo de infracciones y se debe a que, con sus ruidos, la discoteca Weekend "impidió el desenvolvimiento normal del descanso y la vida diaria de los denunciantes, afectando de forma grave a su salud", según el fiscal.
Los denunciantes son un matrimonio joven que vive en el piso situado sobre la discoteca y que ahora será indemnizado en 20.000 euros, en una condena que incluye el pago por parte de los responsables del local de las costas judiciales y los peritajes efectuados durante la tramitación del procedimiento.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía de Sevilla recoge diferentes mediciones de la Policía Local entre 2001 y 2003, por denuncia de los afectados, que recogían valores de hasta cien decibelios cuando "el valor límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el interior de las viviendas es de 35 decibelios".
La Fiscalía especial de Medio Ambiente de Sevilla dice en su escrito de acusación que la OMS entiende por salud el "estado completo de bienestar físico, mental y social y no simplemente una ausencia de enfermedad", por lo que "simplemente la molestia que ocasiona el ruido ya constituye por sí mismo una alteración de la salud".
Pese a que desde mayo de 1997 existen actas de la Policía Local de Sevilla sobre la falta de licencia, lo cierto es que la discoteca siguió abierta al menos hasta el 24 de junio de 2002, cuando se interpuso la querella, añade el fiscal. Junto a los cinco años de cárcel, la Fiscalía había pedido para cada acusado el pago de una multa de 8.640 euros.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la discoteca, ahora con otros dueños, sigue abierta aunque causando menos molestias al vecindario, pese a lo cual el matrimonio afectado tiene abierta una causa en la vía de lo contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento porque, en la licencia de apertura, no les dio el obligado trámite de audiencia. Además, en su demanda sostienen que la licencia de apertura es "nula de pleno Derecho" porque "vulnera los derechos fundamentales a la intimidad, al descanso y a la inviolabilidad del domicilio".
