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Un ayuntamiento de Guadalajara pide 7.058 años para pagar a proveedores

Beteta ha abogado por cambiar a fondo el sector local

el 10 may 2012 / 09:22 h.

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El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio  Beteta, ha denunciado que un ayuntamiento de la provincia de  Guadalajara acogido al plan de pago a proveedores necesitará 7.058  años para saldar su deuda y otro de Teruel, 462 años, y ha abogado  por cambiar a fondo el sector local. "Ante un fallo del sistema, lo  que tenemos que cambiar es el sistema", ha dicho.

Beteta ha añadido un tercer ejemplo, un "importante" ayuntamiento  de la Comunidad de Madrid podría tardar más de 22 años en devolver el  dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores. "*Es  posible mantener una circunstancia de esta naturaleza? Esto pone  sobre la mesa dos problemas: la irresponsabilidad del gestor local y  la irresponsabilidad de quien debió velar por que estos hechos no  llegaran a producirse. Y no se tomaron las medidas adecuadas para  evitar que esto pase", ha añadido.

Beteta ha recordado que la futura Ley de Transparencia incluirá  sanciones para los gestores que no hagan bien su trabajo y permitan  gastos sin contrapartidas de ingresos.

El secretario de Estado ha inaugurado en Madrid una jornada de la  Fundación Democracia y Gobierno Local sobre el futuro de las  entidades locales y ha anunciado que a finales de este mes estará  listo un informe sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen  Local; entre otras cosas, incluirá una lista cerrada de las  competencias que pueden prestar las entidades locales y una  potenciación de las diputaciones para prestar los servicios que los  ayuntamientos menores no puedan afrontar con eficiencia.

Con este texto se trabajará en la reforma de esa ley y a  continuación, en la de la Ley de Haciendas Locales, con la que se  quiere garantizar la suficiencia financiera municipal. Beteta ha  explicado que se tratará de que las competencias que tengan que  prestar los consistorios estén siempre cubiertas económicamente y que  sea imposible por ley que las comunidades autónomas, como ocurre  ahora, adeuden dinero a los ayuntamientos.

Además, el Gobierno prepara ayudas para animar a la fusión o  integración de entidades locales, que son voluntarias y deben  llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Sin  embargo, Beteta ha precisado que las reformas legales acabarán por  empujar esa voluntariedad, porque será necesario cumplir unos  criterios de eficiencia que, sin fusiones, no se alcanzarán. "No va a  quedar otra", ha dicho.

MILES DE AÑO DE DEUDA

Antonio Beteta ha repasado algunas cifras del plan de pago a  proveedores para los ayuntamientos. En total, 4.623 se han sumado al  plan, pero de ellas, 2.619 han enviado el plan de ajuste paralelo que  se les exige y en el que recogen cómo van a devolver ese dinero.  "Desgraciadamente, el sector local no ha respondido como nos hubiera  gustado", ha dicho.

De esas entidades que sí han enviado ese plan, 2.305 de ellas han  obtenido de Hacienda una valoración positiva y 315, negativa. Y entre  estos, están los ejemplos citados de ayuntamientos, que Beteta no ha  nombrado, que necesitarían cientos y miles de años para saldar sus  deudas.

Pese a estos datos, el secretario de Estado ha subrayado que "lo  grave" para él es que otros 2.004 no han presentado planes de ajuste  en los plazos establecidos, una situación de incumplimiento que no es  nueva.

De hecho, Beteta ha denunciado que según el último informe del  Tribunal de Cuentas sobre el sector local, son muchas de entre las  más de 9.000 entidades locales que hay en España que no rinden  cuentas como les obliga la ley: 2.496 en el año 2006, 2.629 en el año  2007 y 3.222 en el año siguiente. "Esta circunstancia, ahora es  absolutamente intolerable", ha criticado.

AYUNTAMIENTOS DE 20.000 HABITANTES

Beteta ha explicado que el trabajo de Administraciones Públicas  para reordenar el sector local se apoya en ese último informe del  Tribunal de Cuentas sobre esta parte de la administración. En él, y  son las directrices que está siguiendo su departamento, se establecen  los principios para esa reforma.

Por un lado, establecer un "elenco cerrado" de las competencias  municipales y su financiación adecuada; crear un "mapa local acorde  con las necesidades demográficas", que evite duplicidades de  competencias y que mejore la eficiencia en la prestación de  servicios; limitar las empresas municipales y su "proliferación",  restringiendo al máximo las causas para crearlas; y crear unos  "estándares mínimos de calidad de los servicios que se prestan", de  manera que desaparezcan las entidades "que no estén al nivel de  calidad exigido".

El secretario de Estado ha rechazado que se fije por ley qué  número de vecinos hace que un ayuntamiento o entidad local pueda  pervivir y ha defendido sin embargo que existan las que cumplan esos  criterios señalados. Pese a todo, ha considerado que los 20.000  habitantes suman una "masa crítica" suficiente para prestar servicios  con eficiencia.

En esta reflexión sobre el futuro municipal, Antonio Beteta ha  pedido que se distinga municipio de ayuntamiento y ha explicado que  podrá haber "entes representativos, pero no prestadores de  servicios". Ahí entra el papel de las diputaciones, que se verán  fortalecidas como entidades encargadas de esos servicios.

Beteta ha descartado sin embargo que se mantengan otras  estructuras locales y, en concreto, se ha referido a las  mancomunidades, que deben desaparecer salvo casos excepcionales. Ese  papel de agrupación de municipios queda reservado ya en la  Constitución, ha subrayado, a las diputaciones.

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