El intercambio de agua de un uso a otro es uno los grandes cambios en materia hídrica que introducirá la legislación que preparan la Junta y el Gobierno central. El Ejecutivo andaluz prevé que esta compraventa de concesiones se realice en Andalucía en el seno de un Banco Público de Agua.
La creación de este organismo está recogida en el documento Bases para el Acuerdo Andaluz por el Agua, el nuevo texto que ha presentado la Junta al sector -regantes, agricultores, empresarios, sindicatos y usuarios- para alcanzar un gran pacto social en materia hídrica. Aunque este intercambio de agua de unos usos a otros -del regadío a la industria, sobre todo- está vetado por la legislación actual, las futuras normas autonómicas y estatales en materia de agua sí permitirán esta opción.
Incluso, el Ministerio de Medio Ambiente autorizó el mes pasado, de forma excepcional en España, a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que pueda adoptar esta vía para poder desbloquear proyectos de energía termosolar en la cuenca, que no podían acceder a ninguna dotación de agua debido a la escasez del recurso y a la prioridad que la ley actual -redactada hace más de 20 años- concede a los usos del agua para la agricultura sobre la industria.
La constitución del Banco Público de Agua es el instrumento que prepara la Junta para sistematizar y concentrar en un mismo organismo toda la actividad de compraventa de concesiones de agua en Andalucía, aunque aún no está definido si este intercambio se podrá realizar entre cuencas de la comunidad -Atlántica, Mediterránea y Guadalquivir-, que tienen las infraestructuras necesarias para efectuar estos trasvases.
Según el borrador del documento de la Junta, "el Banco Público de Agua deberá operar bajo criterios de control público, transparencia e información" y será la Administración quien "regulará" estos procedimientos para "no perjudicar la disponibilidad de los recursos" y para evitar que el agua entre en un sistema de mercado libre.
El nuevo borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua detalla que la adquisición de los nuevos derechos priorizará en todo caso "el interés general para el medio ambiente y la garantía de recursos en épocas de sequía".
Un observatorio del agua . La Consejería de Medio Ambiente prepara también otro organismo para velar por la unicidad del servicio y de la factura del agua en la comunidad. Se trata del Observatorio Andaluz del Agua.
Este ente velará, entre otras cosas, por que exista una "información comparable y fiable de la prestación del servicio de agua en Andalucía", "la promulgación de unos estándares de calidad", "la participación de organizaciones ciudadanas en la gestión" y una factura homogénea y "con una estructura común (período de facturación, bloques, bonificaciones" en toda la comunidad andaluza.
La Junta prevé aprobar el Acuerdo Andaluz del Agua en diciembre.
Este pacto, base de la futura Ley del Agua, prevé también un canon para financiar infraestructuras urgentes que permitan a Andalucía cumplir con la Directiva Marco de Aguas en 2015.
