El vicepresidente de Gobierno, Diego Valderas (IU) se reunió el pasado noviembre con representantes de las principales ONG que están atendiendo las necesidades de los ciudadanos más azotados por la crisis, en el marco de su labor como consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, departamento del que dependen las ayudas a las ONG y la interlocución con éstas. En esa reunión estuvieron Cáritas, Cruz Roja, Red de lucha contra la pobreza y Banco de Alimentos y según el presidente de ésta última, Valderas quiso conocer su trabajo para ofrecerles la colaboración del Gobierno.
Juan Pedro Álvarez le trasladó dos peticiones: que la Junta destinara parte del fondo de cooperación internacional que no se dirija a necesidades vitales "porque entendemos que fuera de aquí la gente muere de hambre" a paliar esas necesidades que la crisis ha hecho resurgir en la población autóctona. Y una más concreta de ámbito de actuación consistente en ayuda para montar infraestructura transformadora que permitan conservar alimentos perecederos que les llegan y no tienen capacidad de distribuir antes de que se eche a perder.
Valderas se comprometió a estudiar todas las propuestas pero en la rueda de prensa posterior propuso crear una gran red de distribución de alimentos, vía acuerdos con las cadenas de distribución, para gestionar desde lo público el reparto de comida a los más necesitados. En diciembre IU llevó al Parlamento una Proposición no de Ley, apoyada por PSOE y PP, para instar a la Junta a crear un Banco Andaluz de Alimentos.
Para el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, "crear una estructura paralela a otra que ya existe y que funciona bien y no le cuesta nada al contribuyente no tiene sentido, y hay otras formas de colaborar y de hacer que se vea lo que hacemos y cómo lo hacemos" para supervisar que cumple su objetivo. Álvarez defiende que su ONG es "aconfesional y apolítica" tanto para recoger donaciones como para repartir la ayuda por lo que "no creo que quedemo muchos a los que nosotros no lleguemos que ellos puedan llegar, salvo que quieran llegar a quien no lo necesita". Reconoce que la iniciativa "genera sospechas" de que se use la ayuda alimentaria con fines electorales o partidistas, por lo que "no creo que funcionara bien" entre la ciudadanía "pero pondría en un brete a las cadenas de distribución".