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Un buen fondo, pero sin forma

Jueces y fiscales creen necesario cambiar una norma que supera el siglo, pero creen que faltan medios

el 24 jul 2011 / 20:00 h.

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La fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla, sede de una parte importante de la Fiscalía de Sevilla.

Más de 125 años impartiendo la Justicia penal en nuestro país bien merecen una reforma que la adapte a las necesidades de la sociedad actual. Era una petición a voces desde todos los sectores del mundo judicial: jueces, fiscales, abogados... Todos coincidían desde hace años en que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal era prioritaria para nuestro sistema judicial, al igual que ya se había hecho con otras como la Civil. El Gobierno se ha puesto manos a la obra y ya cuenta con un borrador del que lo poco que se ha dado a conocer ha causado dudas en la Justicia sevillana. El motivo: es una reforma que necesitaría una reestructuración brutal de la actual organización para la que todos temen "que no haya dinero suficiente".

La principal baza de la reforma en la que trabaja el Ministerio de Justicia es dar la investigación de los casos a los fiscales, eliminando la figura del juez instructor. Según los comentarios en los pasillos de la Audiencia Provincial, éste es el gran reto del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que el fiscal no sea un mero acusador, sino el que dirija las diligencias para esclarecer las causas judiciales. Una reforma que aparentemente no supone más que cambiar a la persona encargada de la instrucción, pero que significa un cambio radical para la actual estructura judicial.

Los jueces y fiscales consultados por este periódico, que prefieren no identificarse, no ven con malos ojos este cambio. Ninguno se alarma ante el mismo, pero sí desconfían de un modelo "que es más americano que europeo". En cambio, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha defendido que se trata de un modelo "más europeo". Hasta ahí, más o menos todos están de acuerdo, porque lo que nadie ve bien es que hoy en día se siga juzgando y enviando a personas a prisión con una ley que data de 1882 y a la que se le han ido haciendo "remiendos" a lo largo de los años, como lo fue, por ejemplo, la modificación para incluir el jurado (otro acercamiento al mundo americano).

La única duda que plantea abordar ahora una reforma tan deseada es la situación económica y, por tanto, la falta de presupuesto para ejecutar "correctamente" los cambios. Todos los fiscales consultados sostienen que no "les asusta" abordar la investigación, casi lo prefieren. De hecho, en España ya se hace así en la jurisdicción de Menores, "el fiscal instruye y el juez sólo se encarga de garantizar el proceso y de aceptar o denegar las medidas que se plantean", recuerdan las fuentes consultadas. Lo que temen es que "se haga de forma chapucera", porque entre otras cosas habría que aumentar la plantilla de funcionarios destinados en la Fiscalía. "En la actualidad cabemos a medio funcionario por fiscal. Es una barbaridad, y si tenemos que afrontar la instrucción más aún".

Por eso la principal duda que se plantean cuando son preguntados por su opinión es qué van a hacer con tantos jueces y si la plantilla de funcionarios que ahora compone los juzgados pasaría a la Fiscalía. Una opción que plantean es que el juez que quiera seguir siendo instructor "que pueda pasar a ser fiscal y viceversa", porque si los magistrados van a estar sólo para garantizar el proceso "no hacen falta 20 como tenemos ahora".

El otro punto es que les sea garantizada la independencia. "Ahora mismo, el fiscal general o el propio fiscal jefe puede apartarte o darte una investigación en concreto", dice un fiscal, "es el señalamiento digital", apunta otro. Por eso, reclaman que los casos se entreguen por estricto orden de reparto y que no puedan ser apartados tan fácilmente, "para poder así garantizar que somos independientes y que la investigación será objetiva". También se preguntan, si van a desaparecer los juzgados de Instrucción, qué ocurrirá con los secretarios judiciales.

Sobre el hecho de que el término imputado vaya a ser eliminado por el de denunciado, jueces y fiscales creen que se trata más de "una cuestión política", para su propia defensa cuando tienen que rendir cuentas ante la Justicia. El resto, "parece que es dar demasiadas garantías al encausado, que ya las tiene".

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