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Un bufete abre un frente judicial contra las autoridades por el tabaco

El letrado sevillano Fernando Osuna representa a la familia de una mujer fallecida. La denuncia se centra en que hay 300 sustancias en el cigarrillo que el fumador desconoce.

el 14 ago 2013 / 12:55 h.

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tabaco-liar-sube"Vaya esta denuncia, sin nombres propios, contra el secretario general de Sanidad y Consumo, el director general de Salud Pública, Calidad e Innovación –del Ministerio de Sanidad y Consumo–, contra el presidente para el Comisionado del Mercado de Tabaco –éste dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda– y contra todos los demás cargos que sean responsables por razón de sus funciones. Junto a ellos, altos cargos de Baleares y “todas las personas que puedan resultar coautoras, cómplices o encubridoras”. ¿Por qué se denuncia a estos cargos públicos sin nombre ni apellidos? Un grupo de personas de media España que ha perdido a alguno de sus familiares como consecuencia del hábito de fumar entiende que “las autoridades sanitarias actúan de forma negligente por permitir que se introduzcan muchas sustancias nocivas y adictivas” y además consideran que forma parte del Ministerio de Sanidad “velar por la salud de los españoles”. Por esta razón, un conjunto de ciudadanos que residen en Madrid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Valencia, La Coruña, Valladolid, Badajoz, Navarra y Murcia ha emprendido una batalla judicial por la que denunciarán ante los tribunales a las autoridades sanitarias por su “pasividad y negligencia” en el control del tabaco; sobre todo, por no impedir que se introduzcan sustancias mortales en los cigarrillos. La denuncia, que se remitirá al Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid, la hizo ayer pública el abogado sevillano Fernando Osuna, responsable del bufete que representa a la familia de una mujer madrileña que falleció en 2010 a causa de un cáncer de pulmón. La misma se presentará en las nueve provincias donde hay afectados, si bien el bufete confía en que se unan más afectados a esta causa contra el tabaquismo. El texto de la misma acusa a esos cargos públicos de “consentir la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos”, pero no se refiere ni a la nicotina, ni al alquitrán, ni al monóxido de carbono ni a las restantes que “los consumidores saben que contienen y aun así eligen consumir ejerciendo su libre albedrío”, sino que alude a los “casi tres centenares de sustancias que la propia industria ha admitido ante la Administración estatal que añade a los cigarrillos, la mayoría como aromatizantes, muchas de las cuales están reconocidas internacionalmente como adictivas, tóxicas y/o cancerígenas”. Y agrega que todo ello el consumidor no lo sabe porque “ni los responsables del Ministerio –ni los de la industria tabaquera– se lo han comunicado jamás”. La denuncia enfatiza que el mensaje que incorporan las cajetillas y que reza El tabaco mata –“que ha propiciado la impunidad legal de la industria tabaquera, ya que desde entonces ningún consumidor puede alegar que no sabía que consumir cigarrillos podía llevarle a enfermar o a la muerte”– no es aplicable cuando se trata de esas sustancias de las que los consumidores no ha sido informados. Además, el bufete sevillano reseñó que las autoridades sanitarias “se olvidan de los cuantiosos gastos que acarrea el tabaquismo” a las diferentes administraciones públicas y de “las numerosas vidas que arrebata el tabaco cada año”, al tiempo que lamentó que “mire hacia otro lado dando primacía al efecto recaudatorio por encima de la salud”, pues un 80% del precio corresponde a impuestos.

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