Aunque la investigación de las supuestas facturas falsas de Este lleva prácticamente parada desde 2008, el PA salió ayer a reivindicar su participación en el caso que se inició a raíz de la denuncia del presidente de la Confederación de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS) José Baena.
La presidenta de la Asociación de Vecinos de Alcosa y secretaria de Organización del comité local andalucista, María José Fernández Guerra, compareció ayer junto a la candidata del PA, Pilar González, para ratificar lo que en su momento relató a la Policía Judicial y a la propia juez: las obras denunciadas y adjudicadas por el distrito (en manos del PSOE) a la empresa JP Construcciones en las calles Ildefonso Marañón Lavín y Ciudad de Chiva no se llegaron a realizar en 2003, pese a que existen facturas de 5.266 euros. "Esos trabajos nunca se llegaron a hacer. Pasaba a diario y no se ejecutaron", afirmó Fernández en referencia a los proyectos de solado de hormigón pulido en color verde adjudicados a JP Construcciones. La presidenta vecinal de Alcosa y miembro de la CAIS fue llamada a declarar por la Policía a raíz de la denuncia interpuesta por José Baena en mayo de 2007, a sólo tres días de las elecciones municipales.
Entre mayo y junio de 2008 testificó ante la Policía Judicial y ante la titular del Juzgado de Instrucción número 20. Desde entonces, no ha tenido notificación oficial alguna del avance de un caso prácticamente bloqueado. Según admitieron fuentes del proceso, en este tiempo sólo se han realizado pruebas y declaraciones vinculadas a la labor de la firma Masterpul, la empresa que supuestamente fue subcontratada por JP Construcciones y en cuyas facturas, según la Policía, no hay indicio alguno de la realización de las citadas obras.
El PA aprovechó su vinculación a este caso y su labor en el único proceso por irregularidades iniciado contra el Gobierno municipal de Alfredo Sánchez Monteseirín y que ha tenido una condena firme, las facturas de Macarena, para reprochar "la desidia y apatía" de todos los partidos con representación en el Ayuntamiento. "Se necesita una comisión de investigación de forma inmediata porque si no, no se llegará nunca hasta el final de estos casos", apuntó la candidada del PA, Pilar González.
El caso de estas supuestas facturas falsas data de 2003, el último año del mandato que compartieron PSOE y PA, al que corresponden también los procesos abiertos de Unidad, por las subvenciones concedidas a una entidad vecinal por parte del Ayuntamiento y la Diputación; y de Macarena, que acabó en la condena a prisión de José Marín y José Pardo por malversación de fondos públicos y falsedad documental. En este caso, no fue hasta cuatro años después cuando José Baena interpuso una denuncia, tras encontrar supuestamente las facturas en su buzón. El proceso arrancó, pero prácticamente un año después se quedó prácticamente parado.