Cuatro años después del Pacto por la Dehesa y dos años después de que el primer anteproyecto de ley se quedara en el cajón. El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al Proyecto de Ley pensado para "el fomento y la identificación" de la dehesa andaluza, un ecosistema que ocupa 1,2 millones de hectáreas, el 95% de titularidad privada, donde se concentran 11.900 explotaciónes de ganadería extensiva (con una superficie media de 146,5 hectáreas) con más de 1,5 millones de reses.
La dehesa es un paisaje cotidiano para los andaluces de 128 municipios, pero la escasa rentabilidad de este tipo de terreno hace que sean localidades con menos 5.000 vecinos, saldo migratorio y crecimiento demográfico negativo y con una mayoría de propietarios de explotaciones que supera los 65 años.
La nueva ley pretende en primer lugar definir e identificar la dehesa, sobre todo con vistas a la captación de fondos de la UE donde "no la reconocen como ecosistema propio, y eso influye en las ayudas a los ganaderos", explició la consejera de Agricultura, Clara Aguilera. Y una vez identificado, con un censo oficial en el que tendrán que inscribirse las explotaciones que quieran optar a subvenciones, ayudar al mantenimiento de la actividad tradicional -y con ello a fijar a la población rural- pero también buscar nuevos usos sin comprometer sus valores medioambientales, con el fin de elevar su rentabilidad de manera sostenible, el término de moda últimamente.
La ley se desarrollará mediante un plan director a 20 años como marco para que cada explotación diseñe planes de gestión integrales donde hagan un diagnóstico de nuevas posibilidades de uso y medidas para hacer frente a sus principales amenazas, como la seca de encinas y alcornoques. Tener un plan dará prioridad para ayudas públicas técnicas y económicas mediante "contratos territoriales" a diez años.
