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Un centenar de chiringuitos andaluces corre peligro de cierre al caducar sus licencias

Los empresarios de playa han comenzado la temporada de sol y playa sumidos en un presente incierto: uno de cada tres chiringuitos -unos 300- tiene aún la licencia de actividad del Ministerio de Medio Ambiente pendientes de renovación. Una mesa entre Gobierno, Junta y empresarios estudiará cada caso uno para decidir sobre su regularización este mes.

el 16 sep 2009 / 02:48 h.

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Los empresarios de playa han comenzado la temporada de sol y playa sumidos en un presente incierto: uno de cada tres chiringuitos -unos 300- tiene aún la licencia de actividad del Ministerio de Medio Ambiente pendientes de renovación. Una mesa entre Gobierno, Junta y empresarios estudiará cada caso uno para decidir sobre su regularización este mes.

La mesa aún no se ha convocado -debido a los cambios en los Ejecutivos central y autonómicos- pero las negociaciones se van a producir con las aguas calmadas: la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, rebajó el pasado 5 de mayo en una visita a Níjar (Almería) el tono que venía mostrando su departamento respecto a la inviabilidad de los chiringuitos andaluces. Según la Federación de Empresarios de Playa de Andalucía, en el litoral de la comunidad hay radicadas unas 2.000 empresas, de las que en torno a 900 son chiringuitos. "Un 30% está pendiente aún de que el ministerio renueve su licencia conforme a la Ley de Costas de 1998", detalla el presidente de la federación, Norberto del Castillo.

La Ley de Costas se aprobó en 1988 y su reglamento un año más tarde. El ministerio comenzó ese año a dar concesiones según los nuevos criterios, que impedían, por ejemplo, que los chiringuitos de obra estuvieran a menos de 200 metros unos de otros y que se levantaran en medio de la arena. Estas condiciones, según Del Castillo, "ya acabaron con la mitad de los establecimientos que había en 1988. Pero los que cumplieron estos requisitos obtuvieron su licencia y se han mantenido prácticamente los mismos desde ese año", asegura.

La nueva norma fijó un máximo de 30 años por permiso y Medio Ambiente decidió, con carácter general, concederlas por 15 años. Hasta ahí todo perfecto hasta que en 2004 comenzaron a caducar. "El problema -apunta Del Castillo- es que las concesiones quedaron suspendidas, a pesar de que cumplíamos con los requisitos que marca la Ley de Costas de 1988 y, de hecho, aun sin concesiones, estos años hemos estado pagando al ministerio el canon que marca la concesión, y que asciende a unos mil euros anuales, y la licencia al ayuntamiento, que en algunos casos llega a los 20.000 euros cada 12 meses".

El cambio de postura de la ministra puede interpretarse de diversas maneras, entre ellas, que la amenaza de derribo de los chiringuitos andaluces ha unido a todos los partidos de la comunidad, sindicatos y empresarios en el mismo bando. La Junta no ha dejado de reiterar que tratará que el Gobierno realice una interpretación "flexible" de la Ley de Costas. Y a esto se le une un dato que pesa como una losa en tiempos de crisis: los chiringuitos, según cálculos del sector y la administración autonómica, generan 500 millones de euros cada año y emplea a unas 40.000 personas.

Espinosa, en su última visita a Andalucía, adelantó que en Almería, Huelva, Granada y, sobre todo, Málaga -que aglutina más negocios- la regularización está "muy avanzada". No citó Cádiz. Los empresarios onubenses no tienen tan claro como el Gobierno que todo esté ya a punto de resolverse y expresan su temor. "El litoral de esta provincia -apunta Juan Díaz Castaño, presidente del Consejo Empresarial de Chiringuitos de Huelva- tendrá que sufrir una remodelación en cuanto a la ubicación de sus chiringuitos debido a que Costas pretende sitios más seguros debido a que cada año el temporal arrasa con muchos metros de playa adentro". Con todo, Díaz Castaño asegura que hay entendimiento con Costas y que sólo "hay que ponerse a trabajar juntos para hallar soluciones".

Fuentes del Ministerio sostienen que las decisiones se tomarán en el seno de la mesa de negociación que hay convocada este mes y adelantan que no habrá decisiones generalizadas porque "cada provincia, cada playa, cada municipio puede tener una situación distinta". Las fuentes añadieron que Medio Ambiente va a centrarse sobre todo en si cada chiringuito se ajusta a la licencia que tiene concedida (distancia respecto a otro chiringuito y respecto al mar, ubicación en la arena de la playa, estructura del edificio y extensión del mismo, entre otros aspectos).

Gesto de apertura en Málaga. La convocatoria de la mesa que resolcverá el futuro de estos negocios cuenta con otro antecedente positivo. El Ministerio de Medio Ambiente concedió al Ayuntamiento de Málaga en abril nueve concesiones para sus chiringuitos. Un primer paso para todo el trabajo que le espera en la provincia donde, según el departamento que dirige Elena Espinosa, de los 322 chiringuitos sólo 68 tienen la concesión vigente. En Cádiz también ha habido nuevas licencias, pero esta vez de cinco años con opción a dos prórrogas de otros cinco años cada una.

Del Castillo asegura que la clave de las negociaciones en la mesa entre Gobierno central, Junta y empresarios serán las playas de casos urbanos. Los empresarios piden flexibilidad en la aplicación de la Ley de Costas en los casos en que los chiringuitos estén en la playa "pero integrados en un paseo marítimo y por encima del nivel de la arena, aunque tengan acceso directo a ella", según Del Castillo, quien en las manifestaciones de la ministra ha detectado "que los criterios de Medio Ambiente van encaminados a acoger estas condiciones".

El presidente de los empresarios de playa andaluces pide a Costas garantías puesto que "la inversión para un chiringuito de obra asciende a 600.000 euros y ha de ser rentable".

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