El consejo de ministros aprobó ayer el anteproyecto de una de esas leyes que terminan marcando una legislatura. Se trata de la nueva reforma del Código Penal, que otorga carta de naturaleza al endurecimiento de las penas que se le pueden imponer a los delincuentes sexuales, a los terroristas y, por ejemplo, a quienes falseen los balances de sus empresas para captar inversores. La reforma da respuesta a demandas muy generalizadas y que se han instalado en la sociedad a raíz de determinados casos que han conmocionado a la opinión pública, tanto por su gravedad como por la imposibilidad de darles una respuesta severa con el actual Código Penal. Así, a nadie se le escapa que detrás del agravamiento de las penas para los pederastas se halla la necesidad de responder con la ley en la mano a casos como el del asesinato de la niña Mari Luz; o que el establecimiento de medidas de libertad vigilada durante veinte años para los terroristas tienen mucho que ver con el bochorno que han sentido tantos españoles ante las actitudes despectivas, insensibles y chulescas de un terrorista tan sanguinario como De Juana Chaos. El muestrario es muy extenso e incluye también nuevos artículos que actúan sobre prácticas ilegales como las cometidas en el Ayuntamiento de Marbella o que, simplemente, responden a la realidad de una sociedad que mira con recelo actitudes que entran el ámbito del acoso laboral o de los delitos informáticos. En resumidas cuentas, la reforma aprobada ayer en el Palacio de la Moncloa adecúa el corpus jurídico penal de nuestro Estado de Derecho a la sensibilidad mostrada por la mayoría de los españoles, y es algo que urgía si no se quería abrir más la brecha que separa a los ciudadanos de su Administración de Justicia. Por eso, por cierto, es tan importante que su redacción haya sido acordada con el PP, pues debe reflejar, también en el Parlamento, el consenso que garantizará su estabilidad y su permanencia en el tiempo.
