¿Qué ocurre para que a horas del juicio al Cuco se esté hablando de suspenderlo? ¿Por qué plantea la familia que sería inconstitucional dos sentencias? ¿Cómo un imputado por el mismo crimen es citado a declarar como testigo? Muchos interrogantes para una legislación actual que la única vía que ofrece es que menores y adultos sean juzgados por tribunales diferentes. Éste es un problema que se produce en todos los casos en los que hay menores y adultos implicados y que públicamente se ha destapado con el de Marta del Castillo. Voces de la Fiscalía sevillana incluso han alzado la voz reclamando la posibilidad de un juicio conjunto ante lo que les parece una "barbaridad".
Ante esta imposibilidad, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dejó claro que quería que ambos juicios estuviesen lo más cerca posible en el tiempo. La demora de la vista de los adultos ha hecho que esto sea imposible, entre otras cosas porque el menor no puede estar eternamente esperando a que se celebre su juicio, máxime cuando se le han impuesto medidas como vivir en un piso tutelado y con una orden de alejamiento de los padres de Marta. Se trata de un argumento lógico que defienden todos los que trabajan con menores: el tiempo para ellos avanza con más celeridad que para los adultos y hay más posibilidades de reinserción que tras la mayoría de edad. De hecho, fuentes de la Fiscalía de Menores lamentan las críticas a la falta de dureza de la Ley, "porque no es así".
Pero, ¿podría ocurrir que la sentencia contra El Cuco y la de los cuatro adultos fuesen contradictorias? Hay expertos que lo tienen clarísimo: "Es un desatino, una locura juzgarlos por separado. Por supuesto que se pueden dictar sentencias distintas, y eso produciría un perjuicio inmenso para la Justicia de cara a la sociedad, sería un descrédito imposible de explicar a la ciudadanía". Quien así se pronuncia es el catedrático de Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla José Martín Ostos, que cree que el caso Marta del Castillo "reclama a gritos una reforma urgente de la Ley del Menor" para que todos los procesados por un mismo hecho sean juzgados a la vez y por un mismo juez, aunque a los adultos les aplique el Código Penal y a los menores la Ley del Menor.
El profesor afirma que esa situación, de hecho, ya se produce en casos como los juicios por tráfico de drogas en los que una banda utiliza a un menor como correo de los estupefacientes: se celebran juicios distintos y hay sentencias en las que no todo cuadra, "pero hasta ahora no han sido casos conocidos y los juristas pueden entenderlo en el marco de que hay dos leyes distintas y existen grietas. Pero en un caso como el de Marta", insiste, "sentencias contradictorias serían imposibles de asumir para los ciudadanos, no lo entenderían y sería un escándalo".
En esa línea, los padres de Marta del Castillo pedirán mañana la suspensión del juicio al considerar que los procesados podrían, una vez dictadas las sentencias, recurrir alegando una supuesta indefensión por haber sufrido un proceso de juicio paralelo al acudir como testigos al proceso del menor, en el que inevitablemente se tratará el papel de todos los implicados, lo que puede comprometerlos para su posterior juicio. Su abogado considera que ahora es el momento procesal adecuado, ya que es cuando se va a producir una "vulneración constitucional". Incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, aseguró hace dos semanas que lo "lógico" sería un único juicio para los cinco implicados.
"En este juicio, los adultos tienen una contradicción entre su deber y su derecho: su deber a decir la verdad como testigos, y su derecho a no declarar contra sí mismos", explica el profesor Martín Ostos. "Es el gran problema de la Justicia actual, incluso en un mismo juicio: cuando se enjuicia a varios implicados en un mismo hecho, todos le echan la culpa al otro de la autoría material. Es algo que la Justicia todavía no ha podido resolver, y sobre lo que hay recomendaciones del Tribunal Supremo para que se valore con delicadeza el testimonio de unos contra otros, porque a veces faltan a la verdad para escurrir el bulto". La doctrina no está clara, "porque es un problema de fondo muy difícil de resolver que se está produciendo en toda Europa".
Y si en un mismo juicio con varios acusados hay problemas, la dificultad se acrecienta si hay dos juicios, "porque en cada uno de ellos el juez es soberano para determinar el relato de los hechos que, convertido en sentencia y tras los recursos que procedan, se convertirá en la verdad oficial".
Las defensas aseguran que sus clientes se podrán acoger a su derecho a no declarar que tienen como imputados y así parece que lo hará Carcaño, salvo sorpresa de última hora. Es más, fuentes del caso aseguran que el propio juez de Menores entiende que los cuatro adultos declararían como coimputados, una figura que, por otro lado, no está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cambio, Javier Delgado (el hermano de Miguel) y su novia, María García, tienen claro que declararán, "porque son inocentes".
Los letrados defensores sostienen que al estar acusados por los mismos hechos tienen este derecho, por lo que podrían mentir sin que se les abriese una causa por "falso testimonio", como ocurriría si fuesen simples testigos. Según estos letrados, si se les obliga a decir la verdad se estaría vulnerando su "derecho a la defensa", ya que su declaración quedaría reflejada en una sentencia que serviría como precedente para su juicio. Además, tendrían que declarar sin la asistencia de su abogado, ya que éstos no son parte en la causa contra el menor, lo que es obligatorio cuando alguien declara como imputado ante un juez. "No habría garantía jurídica alguna", sostiene el abogado de Javier Delgado, quien también ha intentado suspender el juicio.
