"Hay un tiempo para la calma y un tiempo para la lucha, y ahora ha llegado el momento de luchar". Son palabras del ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, el 27 de diciembre de 2008. Desde esa fecha hasta el 18 de enero de 2009, 1.400 personas murieron en la operación Plomo fundido de Israel contra la "infraestructura terrorista"de Hamás en Gaza. La mayoría de los fallecidos eran civiles. 14 de ellos eran israelíes.
¿Qué hizo la ONU? Condenó la violencia del Ejército israelí y de Hamás y aprobó -sin unanimidad- el durísimo informe del juez surafricano Richard Goldstone, que acusaba a ambas partes de crímenes de guerra. ¿Qué consecuencias jurídicas tuvo eso para el Gobierno israelí? Las mismas que tendrá la declaración del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el ataque del lunes a la flotilla de ayuda humanitaria:Ninguna.
Carmen Quesada es profesora de Derecho Internacional de la UNED. Explica que lo único que permitiría la adopción de sanciones contra Israel sería una resolución firme de condena del Consejo de Seguridad. Sin embargo, la contundente propuesta de Turquía -que perdió a varios nacionales en el asalto- ha quedado en "una mera declaración que para nada es vinculante", lo que "deja cabida a la total impunidad". El paso siguiente, la posibilidad de que se enjuicie a los soldados israelíes que abrieron fuego y mataron a una decena de personas, es nula. No pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional porque "Israel no ratifica su estatuto, lo firmó y luego retiró la firma".
Y es que la resolución que hubiera deseado Quesada necesita ser votada por mayoría de nueve sobre 15 en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero entre esos nueve votos tienen que estar los de los cinco miembros permanentes del Consejo -China, Rusia, el Reino Unido, Francia y EEUU-. En esta ocasión, como ocurrió en la votación del informe Goldstone, EEUU se posicionó en contra de cualquier condena que permita una sanción.
En teoría, explica esta experta, la resolución condenatoria podría conducir a un castigo económico, al "uso de la fuerza por parte de los estados e incluso la intervención de la OTAN". Pero nunca se ha dado el caso y "no va a ocurrir nunca". Una reforma del Consejo, que ha sido insistentemente solicitada, permitiría incluir a Alemania, Suráfrica o Brasil, entre otros, como miembros permanentes, pero nunca desalojaría a EEUU.
En este contexto, si bien la simple repulsa internacional no permite tomar medidas contra Israel, sí puede tener consecuencias políticas. Quesada pone el ejemplo de Turquía, antiguo aliado de Israel y que en los últimos días se ha convertido en su principal enemigo.
"Los símbolos pueden tener repercusiones", explica esta doctora, y pone otro ejemplo: "¿Por qué EEUU buscó una resolución del Consejo para intervenir en Irak en 2003? Porque la legitimidad del respaldo internacional es importante". Desde el lunes, multitud de estados y organizaciones han mostrado su repulsa al ataque a la flotilla.
Ayer mismo, Jueces para la Democracia denunció la violación "de las más elementales normas del derecho internacional por parte del Estado de Israel" y la propia ONU decidió enviar una misión a investigar si se violaron los Derechos Humanos. Según Quesada, para que estos hechos puedan calificarse de crimen de guerra tienen que haber intervenido al menos dos estados, y no hay consenso sobre si Palestina lo es. Sin embargo, sí pueden ser en cualquier caso calificados de crímenes de lesa humanidad, para lo cual no tienen por qué estar asociados a un conflicto armado. De cualquier forma, a esta profesora de la UNED, más que la impunidad del ataque, le preocupa que lo ocurrido afecte a la resolución del conflicto palestino-israelí: "El proceso de paz ahora mismo, hoy, es inviable", concluye.
