Un curso con dos leyes de educación

La Junta impulsa el 1 de septiembre 12 grupos de trabajo de expertos para que hallen un modelo alternativo a la reforma escolar de Wert, que se aprobará el primer trimestre

el 10 ago 2013 / 23:59 h.

MAR_Moreno_WertEl Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de mayo la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que previsiblemente tendrá el aprobado definitivo en el primer trimestre del próximo curso escolar, aunque su desarrollo total no entrará en vigor hasta 2014. Mientras tanto, la Consejería de Educación de Andalucía ha empezado a movilizar a la comunidad educativa y ha reclutado a 500 expertos en la materia para plantear alternativas concretas, punto por punto, a la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert. Alternativas para modificar aspectos de la ley antes de que se apruebe, y alternativas para cuando la reforma vea la luz. Este segundo capítulo esconde recursos en los tribunales, e “imaginativos e innovadores” desarrollos normativos, vía decretos, para que las escuelas andaluces tomen un camino “legal” distinto a la trayectoria que emprende la ley estatal. Este proyecto, de momento con más contenido político que educativo, se hace llamar Plan Ve (Valor en la Escuela), y se articulará a través de 20 grupos de trabajo diferentes. Los grupos deben estar formados antes del 1 de septiembre, y desde ese día hasta finales de noviembre, cada mesa trabajará un aspecto distinto de la legislación, debatirá todas las alternativas que se presenten y luego cada uno elevará a la consejería un dictamen de conclusiones que más tarde formará parte de las enmiendas al debate previo a la aprobación de la ley en el Senado y en el Congreso. Esta iniciativa pertenece a la Junta, y es más pragmática que la del PSOE nacional, que prevé presentar una enmienda a la totalidad en la Cámara Baja, y recurrirla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe. Algunas de las propuestas que recopilará la Junta son medidas que aplicará en caso de que la ley Wert sea definitivamente aprobada sin modificaciones al texto actual. Para que esto funcione, en cada grupo de trabajo habrá un miembro que estudiará las posibilidades jurídicas de aplicar una norma en Andalucía que entre en contradicción con la ley estatal, pero sin llegar a incumplirla. Los dictámenes de cada grupo tendrán carácter provisional hasta que el Congreso dé el visto bueno definitivo a la reforma y dos meses a partir de su aprobación, el Consejo Escolar andaluz elaborará el informe final. En realidad el Plan Ve lleva varios meses en marcha. El equipo de la consejera Mar Moreno y ella misma se han reunido periódicamente con profesores, directores y especialistas en planes concretos del sistema escolar (uso de nuevas tecnologías, atención a la diversidad, bilingüismo…) para tantear el sentir de los profesionales y recabar ideas con objeto de mejorar la escuela pública. Los encuentros entre la consejería y un grupo reducido de maestros han tenido lugar en colegios o institutos de las ocho provincias. No se han publicitado ni se ha convocado a la prensa, porque la consejería no quería que los docentes interpretaran que se trataba de una estrategia política y mediática. A las escuelas también han llegado cuestionarios con preguntas específicas sobre el desarrollo y la evolución de aspectos concretos de la educación, como las aulas TIC o el bilingüismo… Todo este trabajo silente salió a la luz una vez que Moreno decidió publicitar el Plan Ve y el reclutamiento de los 500 expertos como una herramienta para contrarrestar la reforma de Wert. “El plan persigue que expertos de la enseñanza discutan aspectos de la ley que afectan a las competencias andaluzas. La comunidad educativa puede asesorar las decisiones que la Administración tendrá que tomar como consecuencia del desarrollo de la norma. En unos casos sobre cómo aplicar la reforma y en otros se tratará de buscar alternativas que minimicen el impacto de los aspectos más negativos”, explican desde Educación. Entre los 500 expertos que trabajarán en las propuestas alternativas, aparecen cien profesores que en los últimos diez años han sido distinguidos con los Premios al Mérito Educativo, los premios de coeducación Rosa Regás, el Joaquín Guillot y el Antonio Domínguez Ortiz (que reconocen la innovación educativa), así como personas de reconocido prestigio que han formado parte de los Consejos Escolares de Andalucía. También intervendrán 200 docentes en activo de las ocho provincias, junto a una amplia representación de asociaciones de padres de alumnos, sindicatos, patronales, universidades, Inspección educativa y más de 30 asociaciones de profesionales vinculados a la educación. La consejería ya ha asignado un área de análisis específica a cada grupo de trabajo. Los 12 temas de estudio serán: la autonomía del centro; la ordenación académica en Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación de Personas Adultas; la Atención a la Diversidad en estudios medios y FP básica; la evaluación del alumnado; las evaluaciones externas; la dirección del centro; el grado de participación y el papel de los consejos escolares; los contenidos de Educación para la Ciudadanía (una asignatura que desaparece en la Lomce); los valores de igualdad y coeducación en la escuela; la enseñanza de Religión; la red de centros educativos, con especial atención a los concertados (la mayoría católicos); la planificación y los criterios de escolarización y la delimitación de competencias entre el Ministerio y la Consejería. Las comunidades tienen delegadas las competencias en educación, aunque es el Ministerio quien establece el marco normativo general. Los miembros de cada grupo de trabajo podrán autogestionar los debates, aunque la consejería ha colgado de su página web la plataforma virtual Colabora, que permite el intercambio y el debate en red. Al frente de cada grupo habrá un coordinador, responsable de dinamizar el debate y las propuestas. La suma de los 20 dictámenes se remitirá al Consejo Escolar Andaluz, que elaborará un informe final, aunque éste se mantendrá en secreto hasta dos meses después de aprobada la ley. El gabinete jurídico de la Junta ya ha encontrado fisuras en el texto de la Lomce, ranuras por las que Andalucía podría colar sus alternativas, evitando que “los efectos negativos de la ley tengan incidencia en esta región”. Por ahora la Junta prefiere no enseñar sus cartas para que Wert no reaccione con alguna modificación normativa que blinde el texto legal e impida a Andalucía desarrollar sus propuestas. El ministro ya introdujo a última hora el blindaje de los conciertos a las escuelas que segregan por sexo, y lo hizo justo después de que la Junta ordenase retirar las subvenciones en virtud de la LOE y de la última sentencia del Supremo, que autoriza la retirada de fondos públicos a las escuelas que separan a los niños de las niñas.

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