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Un debate valiente y necesario

Al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, le adornan varias virtudes. Una de ellas es la valentía moderada pero eficaz con que afronta los asuntos más delicados. En esos lances se nota mucho la militancia en las filas de los ayuntamientos: los alcaldes son la infantería de la política, acostumbrados a llevarse siempre las primeras bofetadas y eso se nota cuando progresan en el escalafón político administrativo.

el 15 sep 2009 / 18:04 h.

Al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, le adornan varias virtudes. Una de ellas es la valentía moderada pero eficaz con que afronta los asuntos más delicados. En esos lances se nota mucho la militancia en las filas de los ayuntamientos: los alcaldes son la infantería de la política, acostumbrados a llevarse siempre las primeras bofetadas y eso se nota cuando progresan en el escalafón político administrativo. En el acto organizado el pasado miércoles en Sevilla por El Correo de Andalucía y el BBVA, Corbacho dejó pinceladas de cuanto decimos. No rehuyó el debate sobre la inmigración y el mercado laboral y afrontó otro asunto espinoso y siempre subterráneo como es el del verdadero número de demandantes de empleo que figuran en las listas del antiguo Inem, o dicho de otro modo, el necesario debate sobre cuántos de los inscritos deben ser considerados realmente desempleados en el sentido ortodoxo de la palabra. Asunto capital para separar el grano de la paja en momentos como el actual, aunque precisamente la actual coyuntura no vaya a facilitar un debate sosegado sobre este particular. Hoy la economía y en especial los datos del creciente y paulatino desempleo se radian a cada minuto como un carrusel de noticias nefastas. Como los gobiernos han acostumnbrtado a los ciudadanos a la "venta política" de los datos del Inem durante dos legislaturas en los que la buena marcha de la economía ha permitido alcanzar unas tasas de actividad históricas, a día de hoy, con la curva invertida y en prolongado descenso, a los gobiernos les toca aguantar la pelea. Eso es lo que tiene el uso y el abuso de los datos, que no siempre favorecen. Pero, rechazando la tentación de la opacidad, éste es también un contexto para políticos comprometidos, con discurso y valientes. A los que se arruguen se los va llevar por delante la historia y el desprecio de los electores, igual que a los que sólo miren con ojos oportunistas buscando el cortoplacismo de un rédito político a costa de no arrimar el hombro para ayudar a remontar este empinadísima cuesta.

Hay que insistir en que la coyuntura no es políticamente propicia para abordar una reflexión sobre este particular: ni las organziaciones sindicales lo iban a permitir, por muy conscientes que sean de la veracidad del dato, ni la oposición iba a dejar pasar la oportunidad para acusar al Ejecutivo de querer bajar el paro eliminando a un buen número de demandantes de sus listas. A día de hoy, cada persona que se registra cuenta como un nuevo parado, aunque las circunstancias de cada uno sean diferentes por completo y muchos accedan al registro de desempleados sin provenir del mundo laboral. Un dato que aportó Corbacho: de los 2,8 millones de personas registradas como parados, sólo 1,6 ha perdido un empleo y ha cotizado. Aportemos otro dato. Sólo en Andalucía en el último trimestre se han inscrito en el desempleo más de 60.000 personas de más de 45 años -un número similar al que han registrado en toda su geografía países como Austria o Dinamarca- y en su inmensa mayoría mujeres, incluyendo una importante cuota de mujeres inmigrantes. La mayoría no tenía ocupación anterior ni han cotizado jamás. En muchos casos su permanencia legal en España se sustenta en el reagrupamiento familiar. Y tanto ellas, como las nacidas en Andalucía, que a estos efectos da exactamente igual, han acudido a las oficinas del desempleo incitadas por el efecto llamada de la Ley de la Dependencia, que prevé importantes ayudas sociales para las personas que ejerzan bajo la fórmula de "cuidador familiar", con la condición previa de que han de estar registrados/as en el paro. Parece claro que se trata de distinguir -con un mero efecto estadístico que tendría un efecto benefactor sobre la población al situar las cifras en su justa proporción- entre las ayudas contributivas y las prestaciones sociales.

Queramos mirarlo y asumirlo ahora o no, son grietas que tiene el sistema y que impiden un recuento y una evaluación lógicas del número de desempleados. No se trata de impedir a nadie que se inscriba en el paro, ni de utilizar el debate para recortar las cifras ni de negarle a nadie sus derechos sociales, sino de segregar el origen de cada persona inscrita como demandante de empleo y conocer sus expectativas reales para llegar un día al conocimiento real del número de parados que hay en España.

Este es un debate valiente y necesario, pero imposible de formular sin un gran pacto previo en el que deberían participar la oposición y los agentes sociales. Y lamentablemente no corren tiempos propicios para acuerdos de estas características. Siempre será más fácil fustigar al Gobierno y decirle que es una máquina de fabricar parados.

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