Los nervios se palpaban en el primer piso del número 2 de la calle Primavera. A las 10 de la mañana, Josefa Doblado, de 69 años, aún no había recibido la llamada que tanto esperaba y que iba a paralizar el embargo de su casa , al menos, hasta el próximo mes de septiembre.
Al otro lado del teléfono tenía que sonar la voz de su abogado, José Manuel Ramírez, para comunicarle si finalmente el desahucio seguía adelante o si se paralizaba. Hasta el día anterior, Josefa mantuvo la esperanza de no tener que abandonar su piso del barrio de la Macarena , la casa que compraron sus padres hace 40 años, donde se habían llevado sus muebles de 1935, los que compraron antes de su boda, y donde la mujer había cuidado a sus progenitores hasta que, finalmente, ella se quedó sola entre la paredes que albergaban la historia de una familia. Pero a última hora del lunes recibió una nueva notificación que confirmaba que ayer, a las 11,15 de la mañana, tendría que abandonar su casa. Al final, la llamada que tenía que resolverlo todo no llegó.
Poco antes de las 11 de la mañana, el abogado de Josefa se personó en el piso, la apartó de la maraña de cámaras, micrófonos y periodistas que habían invadido su salón y le dijo que, de momento, podía respirar tranquila. Representantes del BBVA habían acudido a primera hora de la mañana al juzgado para suspender de forma unilateral el lanzamiento de la vivienda. Eso sí, no se trata de una suspensión definitiva, sólo temporal. El banco volverá a pedir en septiembre que la anciana abandone su casa. Para entonces, su abogado espera que se resuelvan los recursos que ha interpuesto para evitar que se efectúe el embargo.
Tras conocer la noticia, Josefa, a la que acompañaba su hermano Antonio, bajó las escaleras hasta el portal de su casa, donde se habían concentrado alrededor de un centenar de personas entre miembros de la plataforma 15M y vecinos de la zona. Como si de una asamblea de los indignados se tratara, Josefa y su abogado se pusieron de pie rodeados por un círculo de personas sentadas en el suelo alrededor de ellos. Y José Manuel Ramírez hizo el anuncio que todos los presentes esperaban: "Gracias al Defensor del Pueblo se ha suspendido el lanzamiento del domicilio".
Los asistentes rompieron en aplausos y Josefa, que había controlado sus nervios y sus emociones gracias a tres tilas y una manzanilla, rompió a llorar. "Gracias a los medios de comunicación, al 15-M de Sevilla Este y del sector Macarena, al pueblo y a los vecinos", pronunció la anciana entre sollozos. "Espero que esto no sea un episodio más de una larga agonía y que se pueda encontar una solución a este problema", añadió.
El problema de Josefa es más bien un cúmulo de errores y dejadez que casi dejan a esta mujer sin casa. Una casa que, en realidad, ya no está a su nombre, sino al de su sobrino, al que se la vendió por un precio simbólico de 30.000 euros para que pudiese pedir un préstamo para comprar una furgoneta. La cadena de fatalidades comenzó cuando su sobrino se quedó sin trabajo y dejó de pagar el préstamo y el banco inició la ejecución del embargo, del que la familia no tuvo noticias hasta siete años después. Cuando intentaron pagar los 30.000 euros que debían, el banco les comunicó que tenían que sumar 44.000 euros de intereses y 8.000 de costas judiciales, por lo que la entidad inició la orden de desahucio que ahora ha sido paralizada.
Josefa, que desde que supo en abril que le iban a embargar la casa vive con su hermano Antonio, declaró que al menos la noche del martes la iba a pasar en su casa. Un hogar medio vacío, oscuro, con paredes forradas de papel amarillento, muebles de los años treinta, paños de ganchillo sobre los sillones y un viejo reloj de cuco que, por el momento, sigue siendo suyo.
