El caso del ciudadano de Umbrete que ha pasado once meses en prisión por supuestos actos de violencia contra su ex pareja que luego se han revelado falsos genera una inquietud social que es imposible de soslayar. José Antonio Santos fue denunciado en ocho ocasiones por su mujer por malos tratos y como consecuencia de las acusaciones fue enviado a la cárcel en 2007, donde pasó casi un año en prisión preventiva. Ahora, el mismo Juzgado de Violencia Doméstica que decretó su ingreso en el centro penitenciario Sevilla II ha archivado la causa abierta contra el al entender que las lesiones sufridas por su pareja no pudo causarlas su marido y que éstas pudo habérselas provocado la misma mujer. Si de este archivo se colige que la pareja de José Antonio Santos interpuso una denuncia falsa, tendría que ser este mismo ciudadano el que emprendiera una demanda para la reparación de los daños sufridos. Estaría en su derecho y todos entenderían que buscara un resarcimiento público de su honor. Pero el que haya ocurrido esta desgraciada historia no debería conducir a interpretaciones erróneas sobre la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta norma no persigue que quien sea denunciado tenga que ir a la cárcel de forma preventiva -esta es una decisión que debe tomar el juez si lo considera oportuno- ni ampara la actitud de aquellas mujeres que puedan intentar aprovecharse de ella para intereses espurios. La Ley Integral otorga marco legal a las miles de mujeres que son agredidas por sus parejas. Y sólo en unn porcentaje ínfimo, es utilizada de forma malintencionada, como bien demuestran los datos de la Fiscalía General del Estado, que establecen que de los 127.000 procedimientos abiertos por esta causa en 2007, sólo en 18 se abrieron diligencias por supuestas denuncias falsas. Que nadie tome este caso como un ejemplo generalizado sino como lo que es: un hecho puntual y desgraciado que , por supuesto, debe ser reparado si así lo entiende la Justicia.
