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La Guardia Civil amplía el caso Madeja a trece provincias y detiene a 32 personas

Once de estas detenciones se han practicado en Sevilla, donde hay detenidos dos altos funcionarios de Diputación, l representante de lU en la comisión municipal de Comercio Ambulante y exasesor de Antonio Rodrigo Torrijos, un gerente de Adif y siete empleados de Fitonovo.

el 11 nov 2014 / 09:57 h.

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diputacion-madeja Un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y funcionarios del Juzgado de instrucción nº 6 en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla. Foto: EFE La Guardia Civil ha extendido el conocido como caso Madeja a trece provincias, en una tercera fase de la operación que ahora ha pasado a denominarse Operación Enredadera. Desde primera hora de la mañana los agentes de la Unidad Central Opertiva (UCO) han llevado a cabo registros en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, en un operativo en el que hay detenidos e imputados 32 personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.  Once de estas detenciones se han practicado en Sevilla, donde hay detenidos dos altos funcionarios de Diputación, el representante de IU en  la comisión municipal de Comercio Ambulante y exasesor de Antonio Rodrigo Torrijos, un gerente de Adif y siete empleados de Fitonovo. En el operativo los agentes han realizado 10 registros en empresas y domicilios de las citadas provincias, entre ellos, el despacho del funcionario responsable del Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, que se encuentra detenido. Según confirmaron fuentes de la UCO, entre los detenidos también está el jefe de servicio de Infraestructura del ente provincial. Igualmente, los agentes han arrestado a Antonio Miguel Ruiz Carmona, actual vocal de IU en Lipasam que desempeñó el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructura para la Sostenibilidad, cuando Antonio Rodrigo Torrijos estaba al frente de este área. Los otros detenidos son un gerente de Adif, y siete trabajadores de Fitonovo, entre los que se encuentra el responsable de asesoramiento jurídico de Fitonovo, Carlos Gamito. Todo ello bajo la dirección de la jueza Mercedes Alaya, que mantiene el caso bajo secreto de sumario. Según confirmó la Guardia Civil en un comunicado, esta fase de explotación "es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado" del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño. "Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo", recuerda la Guardia Civil. Del análisis de la información incautada en las entradas y registros se averiguó que "la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos". Para la Guardia Civil, las prácticas ilícitas descubiertas "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".

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