El exdirectivo de Vitalia Antonio José Albarracín volvió a declarar hoy ante la jueza Mercedes Alaya, que investiga un presunto fraude de fondos públicos de la Junta destinados a subvencionar ERE de empresas en crisis, después de que su primera declaración el pasado marzo tras la operación Heracles acabara con su encarcelamiento, del que salió libre tras pagar 600.000 euros de fianza. A preguntas de la jueza sobre los pagos que Vitalia realizaba a los sindicatos -4,2 millones hasta lo rastreado por la Guardia Civil-, Albarracín ha declarado que las comisiones a éstos eran "una auténtica medida de presión" ya que los sindicatos le decían que "se van a negar a firmar" el ERE si ellos no calculaban "los costes actuariales" o "no revisaban los mismos". Según Albarracín, UGT y CCOO cobraban por realizar estos cálculos una comisión del 0,5% cada uno y "la empresa le exigía a la mediadora que pagase ese importa y no tenían más opción". "O lo pagabas o no hacía la operación", declaró. Según el exdirectivo de Vitalia "esto no solo ocurría en Andalucía sino en toda España y los que tenían que soportar las comisiones eran las mediadoras". No obstante, sí aseguró que la "relación enormemente fluida con los sindicatos" que vio a los directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía -están imputados Francisco Javier Guerrero y sus sucesores Juan Márquez y Daniel Rivera- y lo que "ha leído" de que "las pólizas se hacían con quien decían los sindicato", en otros sitios de España "resulta impensable". En esta segunda comparecencia judicial, de apenas dos horas, Alaya ha centrado sus preguntas en la procedencia de las transferencias y el patrimonio a nombre de la empresa Permar 21 que Albarracín constituyó con su mujer y que para la magistrada era la sociedad a través de la cual el imputado legalizaba las sobrecomisiones recibidas de la trama ERE. Tanto Albarracín como su mujer, María José Marcos -que también declaró hoy-, afirmaron que Permar 21 "canalizaba" la parte "variable" del sueldo que Albarracín cobraba de Vitalia y que esos cobros los hacía a través de su mujer, pero ambos aseguraron que todo era legal y estaba declarado a Hacienda, que nunca les ha apercibido por ello. Según la investigación, a través de Permar 21, el matrimonio Albarracín-Marcos adquirió 8 inmuebles entre 2006 y 2011 y recibió del entramado Atrado -las sociedades pantalla creadas por el conseguidor Juan Lanzas (en prisión)- solo en 2006 transferencias por 117.066 euros. La jueza imputa a esta sociedad, y a Albarracín y Marcos en calidad de responsables de la misma, un delito de blanqueo de capitales procedentes de las sobrecomisiones obtenidas por su participación en la tramitación de los ERE subvencionados. El fiscal solicitó una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros así como mantener bloqueadas las cuentas de Permar 21, la prohibición al matrimonio de disponer de los bienes inmuebles a nombre de la misma y el embargo de dos vehículos a nombre de Permar.
