Un documento oficial fechado el 11 de mayo del año en curso y firmado por el secretario general del Ayuntamiento hispalense, Luis Enrique Flores, certifica que por aquel entonces, ninguno de los órganos de gobierno y gestión de la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio, había aprobado "ningún plan de viabilidad" relativo al devenir del mercado central de abastos. Mercasevilla, como es sabido, cerró 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que en el anterior mandato, su Dirección General había sido facultada para "llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia", dado que el ejercicio anterior fue saldado con pérdidas por valor de 4.123.666 euros.
En concreto, se trata de un documento que firma Luis Enrique Flores Domínguez en calidad de secretario del consejo de administración de la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla el pasado 11 de mayo de 2011, cuando el Consistorio hispalense, socio mayoritario de la lonja, aún estaba gobernado por la coalición formada entre los socialistas e IU-CA bajo el mando de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). "Ni el consejo de administración, ni la comisión ejecutiva ni la junta de accionistas de la empresa han aprobado ningún plan de viabilidad", resuelve este documento recogido por Europa Press y rubricado por el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla.
En 2010, cabe recordarlo, la comisión ejecutiva de la sociedad mixta había resuelto "facultar" a la Dirección General de la empresa para "llevar a cabo las medidas que considere oportunas para evitar que la empresa entre en una situación de insolvencia", pues la sociedad gestora del mercado central de abastos de Sevilla había contabilizado pérdidas por valor de 4.123.666 euros en el ejercicio 2009. La plantilla de la lonja, a tal efecto, temía que tal aspecto motivase una privatización o externalización total o parcial de los servicios actualmente prestados por el mercado central.
EL ERE DE 2007
Porque además de estas pérdidas, la sociedad mixta afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros como consecuencia del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, al que se adhirieron 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado paralizadas al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento pese a las alusiones que la documentación del ERE en cuestión contiene señalando a este departamento de la Administración autonómica como principal fuente de fondos.
El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por Mercasevilla, como es sabido, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, en cuanto a las irregularidades detectadas en la anterior gestión de la lonja a manos de los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados en las diferentes líneas de investigación promovidas por la juez, que de hecho indaga las prejubilaciones fraudulentas introducidas en este procedimiento y en el ERE de 2003.
NUEVA ERA EN MERCASEVILLA
Más recientemente, el pasado 20 de julio en concreto, el comité de empresa del mercado central de abastos celebraba una entrevista con el sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y concejal delegado de Economía, Empleo, Turismo y Fiestas Mayores, Gregorio Serrano (PP), después de que los populares asumiesen el gobierno de la ciudad a cuenta de su victoria en las últimas elecciones municipales el 22 de mayo del año en curso. En aquel encuentro, los líderes de la plantilla reclamaron a Gregorio Serrano el mantenimiento del carácter público de la empresa y de sus servicios, algo que respaldó el concejal popular según explicaba entonces Rafael Domínguez, presidente del comité de empresa de Mercasevilla.
Poco después, el propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), proclamba públicamente su idea de defender "el carácter público" de la sociedad mixta Mercasevilla, además de reclamar al Gobierno andaluz que "asuma sus responsabilidades" en la financiación del expediente de regulación de 2007 a cuenta de los compromisos adoptados entonces por el ya ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la trama de las prejubilaciones fraudulentas que investiga también la juez Mercedes Alaya.
