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Un documento recoge el compromiso de Guerrero a compensar a prejubilados despojados del subsidio de desempleo

el 30 oct 2011 / 10:43 h.

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El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa relativa a la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, se comprometió en 2004 a compensar a los prejubilados de una compañía concreta, en el caso de que las rentas de sus prejubilaciones motivasen, por causas de incompatibilidad, la suspensión de sus subsidios de mayores de 52 años. Recientemente, el Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ordenaba a 16 de los prejubilados del ERE promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, la devolución de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo, dada la incompatibilidad de sus rentas con esta prestación.

 

En concreto, y según muestra un documento firmado por Francisco Javier Guerrero en marzo de 2004 y recogido por Europa Press, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se comprometió con el comité de empresa de esta compañía en cuestión a asumir "el diferencial de costes", en el caso de que "alguno de los perceptores de prejubilaciones perdiera el derecho al cobro del subsidio de mayores de 52 años, por causas imputables a la percepción de rentas por prejubilación".

EL CASO DE LOS PREJUBILADOS DE MERCASEVILLA

El documento, cabe apuntarlo, conecta con la situación que afrontan 16 de los extrabajadores del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, prejubilados con cargo al expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por esta sociedad mixta. Y es que mediante una sentencia, el Juzgado de lo Social número cuatro estimaba una demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamarles el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo precisamente por causas de incompatibilidad, pues este organismo contabiliza como "ingresos de renta" los contratos de préstamo librados por Mercasevilla en favor de este colectivo cuyas prejubilaciones quedaron paralizadas al desligarse la Consejería de Empleo de su financiación.

La sentencia, emitida el 26 de julio y recogida por Europa Press, argumenta que las cuantías percibidas por estos prejubilados gracias a los contratos de préstamo se atienen al artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, que califica como renta computable "cualquier bien, derecho o rendimiento derivado del trabajo" y que somete la prestación por desempleo, a nivel asistencial, a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. "Estas cantidades abonadas deben ser consideradas como rentas y debe prosperar la demanda", zanja la sentencia, que además defiende que "aún considerando" que los ERE promovidos en 2003 y 2007 por Mercasevilla fuesen "solo uno", tampoco se aplicaría la Ley 45/2002 en este caso.

GUERRERO Y LOS ERE

La sentencia, en cualquier caso, no da valor a la documentación esgrimida durante el procedimiento y en la que el exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero encuadraba este expediente de regulación de empleo en la Ley 45/2002 al conectar este ERE con el de 2003. "No es vinculante. No deja de ser un mero informe que carece de objetividad o no es concluyente desde el momento en el que su autor figura como imputado", destaca la sentencia en cuanto al papel de Guerrero en la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas que investiga el Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.

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