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Un drama llamado vivienda

Los vecinos desalojados hace un mes de uno de los edificios de Jardín Atalaya Alta por grietas en Camas se sienten desamparados

el 15 nov 2014 / 12:00 h.

atalaya-camas-01El tiempo de que los bomberos llegaran a la planta baja. Ese fue el tiempo que tuvo Miriam para guardar la ropa de su hijo de tres años en un maleta, coger lo básico y salir pitando de su piso. Una de las viviendas del bloque 1 del residencial Jardín Atalaya Alta que tuvo que ser desalojada de urgencia por el mal estado de la estructura hace ya algo más de un mes. Más de 30 días que cerca de una cuarentena de familias han ido tachando del calendario de la desesperación por no saber cuándo volverán a sus casas. Y es que la última esperanza que tenían, una subvención de la Junta de Andalucía para acometer las obras de rehabilitación, se esfumó ayer cuando la Delegación de Fomento y Vivienda de Sevilla hizo oficial que no había subvención porque el conjunto de familias cuenta con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Un hecho que además se fuerza con lo que ya les adelantó la delegada de Fomento, Granada Santos, en una de sus reuniones: el Gobierno autonómico no tiene, además, presupuesto ni plan al que estas familias se puedan acoger para hacer frente a los gastos de las obras. La negativa de esta ayuda, y de muchas otras, tiene a estos vecinos en una «situación de desamparo», asegura el presidente de la comunidad, Rafael Domínguez.Aunque en un principio el Ayuntamiento de Camas se encargó de realojar a aproximadamente la mitad de las familias «solo durante un mes». 30 días que ya acabaron y que llevaron a los vecinos a buscarse otras viviendas de alquiler, que la gran mayoría tiene que pagar de su propio bolsillo. Y es que el abandono es tal que ni la aseguradora de la comunidad se ha hecho cargo de la situación: «han rehusado el siniestro y se excusan en que es un fallo de construcción». Todo empezó cuando, una semana antes de que fuesen desalojados, uno de los vecinos escuchara un fuerte crujido durante unas obras que estaba haciendo en su casa. Al parecer, uno de los pilares tenía una grieta. Llamaron a un arquitecto para que hiciera un estudio técnico, pero cuando a la semana revisó el entorno del pilar afectado se dio cuenta de que el problema iba más allá: la estructura del bloque 1 pendía de un hilo. Un desperfecto que se puede intuir si se observa el edificio desde el exterior, ya que entre los edificios 1 y 2 de este residencial se ha abierto «una grieta de aproximadamente 25 centímetros que está provocando que el edificio se gire». Lo que podría provocar que, en el caso de que no se hicieran obras de rehabilitación, el edificio cayera hacia el colegio público La Colina, que desde hace años sufre los efectos de suelos arcillosos sobre los que se erigen ambos edificios. Aunque de momento el edificio «está controlado». Los propietarios de estas viviendas solo pueden entrar a sus casas de cuatro en cuatro y siempre bajo vigilancia. De hecho, han tenido que contratar a un vigilante de seguridad privado e instalar una alarma para evitar que la gente entre. Servicios que tienen que pagar de su bolsillo. Como también tienen que asumir el gasto de un alquiler –excepto alguno, que se lo cubre su seguro particular– forzoso, las cuotas de su hipoteca y los gastos que van generando los trabajos que están realizando una empresa consultora y los albañiles, que se encargan de hacer las catas. Y entre el estudio, los albañiles y los servicios de seguridad, el montante suma los cerca de 75.000 euros, que los vecinos tienen que asumir «a tocateja». La situación es «desesperante». «No entendemos cómo hay edificios en los que se están cambiando ventanas y ascensores con subvenciones de la Junta y a nosotros no nos ayudan». Muchas de estas familias tienen niños pequeños, están jubilados o solo cuentan con un miembro que trabaje, «lo que pasa que pasa que como el Iprem solo contabiliza lo que ingresas, y no lo que gastas, no tenemos opción a la ayuda de la Junta». Además, en el caso de poder acceder a los programas de rehabilitación deberían esperar en principio a febrero de 2015, «momento hasta el que no podrían empezar las obras, porque nos lo denegarían». Por el momento, es un mes el que llevan fuera de sus casas. 36 días, en total, en los que Miriam observa desesperada desde la calle su piso cuando lleva a su hijo al colegio. Treinta días en los que Miriam ha tenido que superar el shock de perder un hijo a causa del estrés. Un mes que no saben cuándo acabará.

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