La publicación de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2009 rompe todos los pronósticos del Gobierno sobre la evolución del paro y confirma los malos augurios de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que venían avisando de que España sería uno de los países que sufriría con mayor crudeza la destrucción masiva de puestos de trabajo.
El país alcanza los cuatro millones de desempleados tras sumar otros 802.800 desempleados en sólo tres meses, una cifra jamás conocida en la historia democrática de España y que supone que el 17,36% de los españoles en edad de trabajar no tienen empleo. En Andalucía, los porcentajes son aún peores: el desempleo alcanza el 24% de la población activa uno de cada cuatro andaluces en edad de trabajar) y deja un saldo de casi un millón de parados. Con estos datos no hay margen para lecturas positivas.
Pero tampoco para visiones apocalípticas y sombrías que conducen al desánimo y hacen de caldo de cultivo de la conflictividad social y hasta de actitudes con tintes xenófobos. Se tardará tal vez más tiempo del esperado por los expertos, pero si hay algo que debe quedar claro es que de esta crisis, que puede terminar en los libros de historia y para la que no hay recetas mágicas, también se va a salir. La mayoría de los analistas coincide en que estamos en el epicentro de la crisis, pero que puede haber un cierto punto de inflexión a partir de este trimestre.
La política de inversiones públicas auspiciada por el Ejecutivo de Zapatero se activa a finales de este mes con la puesta en marcha del Plan 8.000. Un programa al que se suman las medidas que aspiran a reactivar los flujos de crédito para las pequeñas y medianas empresas y las actuaciones que persiguen intensificar la protección social de quienes pierden sus empleos, en especial si pertenecen a ese millón de familias españolas donde no hay un solo miembro que tenga trabajo.
