La mezcla de indignación y espanto con el que la opinión pública española ha recibido el cambio de versión del hasta ahora autor confeso de la muerte de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, se sustancia en dos factores ligados entre sí: el estupor que causa pensar que los asesinos de la joven pudieran haber tirado su cadáver a un contenedor y la sensación que se ha podido instalar en determinados sectores sociales de que los acusados están confundiendo a la Justicia y enredando la investigación. Conviene un ejercicio de mesura en medio de tanto vértigo informativo. Debe ser el juez que instruye el caso quien determine qué credibilidad le otorga a la declaración de un joven que durante 33 días ha reconocido la autoría del crimen y que, ahora, cambia su declaración y acusa de la muerte a El Cuco, quien, por su condición de menor, tendría menor castigo penal. No se trata, además, de la primera retractación. Samuel, imputado por ayudar a su amigo a deshacerse del cadáver, se desdijo de su confesión de Blas Infante en su primera declaración ante el juez; y El Cuco, ahora acusado de la muerte de la niña, también cambió su declaración después de reconocer durante dos semanas que ayudó a trasladar el cuerpo de la joven. No se debe olvidar que estamos en una fase en la que los abogados de los imputados están planteando sus legítimas estrategias de defensa y en la que, por tanto, es natural -como ocurre en tantos casos- que se registren versiones distintas y contradictorias. Pero, insistimos, debe ser el juez quien determine si considera creíbles estos giros y quien, en función de las pruebas recabadas por la Policía y las versiones de los acusados, decida finalmente de qué delitos les acusa. Mientras tanto, no queda otra posibilidad que seguir buscando el cuerpo de la muchacha, ya sea en el río, como dijeron desde un principio todos los imputados en el crimen, o en el vertedero adonde pudieron llegar sus restos si es verdad lo que ahora ha relatado Miguel.
