Un embargo provoca el impago de nóminas en la sociedad municipal de Utrera

El Ayuntamiento utrerano encarga un análisis de la empresa municipal para saber si todavía es viable.

el 25 dic 2011 / 20:45 h.

Produsa promueve actividades como la Feria del Stock.

Una docena de empleados de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera (Produsa) llevan ya tres meses sin cobrar. Ese impago se debe al embargo que la Agencia Tributaria mantiene sobre el ente. Así lo afirmó el alcalde de Utrera y presidente de Produsa, Francisco Jiménez (PA), que comentó que se está realizando un análisis de la empresa, a través de la Intervención con el asesoramiento de una consultora externa, para conocer "la viabilidad o no de Produsa".

Según Jiménez, desde hace seis meses se mantienen conversaciones con la Agencia Tributaria para establecer un calendario de pago sobre lo que le adeudan, y que ronda los 500.000 euros. "Entendíamos que esas conversaciones estaban abiertas cuando nos llegó un embargo", dijo el alcalde. Esta situación supone el bloqueo de los pagos por parte del Consistorio a Produsa y, como consecuencia, la plantilla no puede cobrar. El regidor ha pedido, por ello, una cita "para estudiar cómo pactar una fórmula de pago que no provoque la parálisis total de la empresa".

Los empleados han mantenido una reunión con el primer edil en la que éste les explicó los pasos que se están dando y que "la supervivencia de Produsa pasa por un plan de viabilidad", que abre la posibilidad de reducir la plantilla. Jiménez se comprometió a presentar "antes de fin de enero el plan para que los empleados sepan cuál va a ser su futuro".

Este mes que resta es el plazo dado a la consultora externa para llegar al final de la primera de las dos fases previstas en el estudio. En ese plazo contarán "con una valoración que despeje la incógnita de saber las posibilidades de Produsa", que en todo caso "no es ni Idelpa ni Burguillos Natural", en alusión a otras sociedades.

La falta de liquidez de Produsa contrasta con el "considerable" patrimonio que posee gracias a varios convenios urbanísticos y a los parques de viviendas que dependen de ella. El regidor explicó que, desde 2007, cuando el mercado inmobiliario se vino abajo, plantearon una fórmula de financiación. Se trató de la venta de uno de los convenios más importantes, el de Vistalegre, a la empresa Aroa, que "hace un año dejó de pagar". A ello se une la deuda de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir con Produsa.

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