El Parlamento aprobó ayer una Ley de Aguas radicalmente distinta a la prevista. Un error de voto de los socialistas les llevó a admitir 29 enmiendas del PP que modifican de raíz el contenido defendido por el PSOE y por IU (la norma salió adelante con los votos de ambas formaciones). Según explicó Mario Jiménez, portavoz del Grupo Socialista, fue el secretario de dicho grupo, Antonio Muñoz, quien indicó a sus compañeros que votaran sí a lo que debían votar no.
Se trata, dijo, de un "error humano" achacable a que se estaban votando "casi 200 enmiendas" y de forma separada, lo que pudo confundir al diputado por Sevilla. Este hecho no tiene precedentes en la historia de la Cámara andaluza.
Más de una hora tardaron en darse cuenta de su error, pasadas ya las palabras de alegría del consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, y la foto de familia del presidente Griñán con los consumidores y agricultores. Los despertó la portavoz del PP en materia de Medio Ambiente, Carolina González Vigo, quien convocó sorprendida y feliz a la prensa para explicar que se habían admitido casi la mitad de sus 63 enmiendas. Tal punto de encuentro vieron con el PSOE, confesó, que llegaron a plantearse la posibilidad de votar a favor de la ley o, al menos la abstención. "Pero lo aceptado en modo alguno corrige los defectos, por eso decimos no", puntualizó.
Lo que los populares han conquistado eran premisas irrenunciables para el PSOE. A saber: se consigue la unidad de cuenca y no se gestionará por demarcaciones hidrográficas, como quería la Junta; la Agencia Andaluza del Agua sólo tendrá un director y no ocho delegados más en las provincias y, además, los cargos importantes los ocuparán funcionarios y no personal de confianza; el Observatorio del Agua, gran apuesta de vigilancia, queda edulcorado, con competencias mínimas, porque se refuerza, como quería el PP, el Consejo Andaluz del Agua; se amplía el poder de los ayuntamientos para controlar sus competencias sobre el recurso, no se les obligará a pertenecer a órganos supramunicipales de gestión y los alcaldes podrán dar una factura detallada en la que se explique cuánto paga el usuario al consistorio y cuanto a la Junta, algo catalogado como falta grave por el PSOE. Además, la planificación hidrográfica seguirá en manos del Estado y no de la Junta, como se pretendía en el texto original. "Nunca nos habían admitido tantas enmiendas, y menos en los últimos 10 minutos. Ahora hay que aplicarlo", ironizó la popular.
¿Cómo se arregla el entuerto? Jiménez explicó que sus servicios jurídicos están repasando ya el Reglamento. La ley entrará en vigor en tres meses, así que tienen ese plazo para pedir que se voten de nuevo en pleno las enmiendas y el texto completo, lo que el PSOE quiere hacer en un mes. "Es un error fácilmente subsanable -insistió-, el que tiene boca se equivoca". Quieren evitar "perjuicios" para los ciudadanos al introducirse novedades "perniciosas", a juicio del PSOE. El partido no se pronunció sobre la posibilidad de sancionar al secretario. IU pedirá otra votación en comisión "por incongruente".
Ayer el Parlamento aprobó por unanimidad la toma en consideración de una proposición de Ley del PSOE sobre medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo.
