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Un ex abogado de Mercasa cuestiona la venta a Sando

«Me quedo de piedra. De haberlo sabido no hubiera votado a favor»,alega el letrado

el 12 nov 2010 / 22:12 h.

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El abogado del Estado y ex consejero de Mercasevilla Arturo Cortés de la Cruz avaló ayer en parte la interpretación planteada en repetidas ocasiones por la juez Mercedes Alaya sobre el concurso que desembocó en la venta a Sando: que en la operación que se investiga pudieron participar todas las empresas que se presentaron a la convocatoria para que la venta se la llevase Sando. El letrado, que votó a favor de la adjudicación a Sando del proyecto, llegó a afirmar al ser requerido por la magistrada que si hubiera conocido las ofertas que se presentaron al concurso público no lo hubiera respaldado y al menos se hubiera abstenido. Según su versión, algunas de las propuestas presentadas son "llamativas". "Me llama la atención que la documentación sea tan ínfima. No lo sabía hasta hoy -por ayer-. Me quedo de piedra", admitió.

Tanto él como el ex consejero Ángel Gil Pascual defendieron que los pliegos de condiciones fueron legales aunque admitieron su discrepancia con algunos de los elementos que incluían y sobre todo una falta de información por parte de los representantes de Mercasa que basaron sus votos en los informes que se les facilitó desde la dirección de la empresa. Los dos testigos vienen avalados por una larga trayectoria en distintas empresas de mercados y dejaron Mercasevilla antes del inicio de la investigación judicial por la grabación de Fernando Mellet.

En el caso de Ángel Gil Pascual, economista, justificó que se optara por un concurso público -fórmula que cuestiona la juez y cuya autoría atribuye a Antonio Rodrigo Torrijos- e incluso la cláusula de limitación al alza, pero admitió irregularidades en el proceso de elaboración de los pliegos. Como la catalogación de la finca como libre de cargas en el pliego final mientras que en los borradores se admitía que no lo estaba, lo que daba prioridad a firmas como Sando: "No sé si tuve a mi disposición el pliego de condiciones. De haberlo tenido hubiese preguntado en la reunión por qué no se describían las cargas", argumentó ante la juez.

Su compañero entonces, Arturo Cortés de la Cruz, también avaló a grandes rasgos tanto la fórmula como los pliegos -"es legal, aunque seguramente se podría haber hecho mejor"-. El letrado justificó la ausencia de una referencia a la ventaja con la que partía Sando por tener un derecho adquirido sobre el suelo -"otorga una preferencia pequeña que no es determinante para la adjudicación del concurso"- e incluso la cláusula de limitación al alza -"al ser una entidad de capital público, entiendo el razonamiento"-.

Pero donde le entraron las dudas al abogado del Estado fue al analizar las ofertas de las empresas que concurrieron al concurso público que aseguró no haber visto en ningún momento: "Me hubiera abstenido por un criterio de prudencia ante posibles responsabilidades si hubiese habido alguna irregularidad. No puedo decir que fueran serias o no, pero sí manifiesto mi extrañeza (...) No puedo decir si se favoreció o no a Sando, pero sí me resulta llamativo".

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