La Diputación de Almería vuelve a estar en el centro de la pelea política. Un ex asesor del grupo socialista ha denunciado la supuesta financiación ilegal del partido. El PP ha llevado al juez esos hechos y el PSOE hará lo propio, pero contra el denunciante y la dirección del PP.
El vicesecretario de Organización del PP en Almería, Miguel Ángel Castellón, asegura que a su buzón de correo electrónico llegó a última hora del pasado martes un e-mail firmado por un ex asesor de la Diputación Provincial, Antonio Castro Gutiérrez, en el que se denuncia la supuesta financiación ilegal del PSOE en la provincia. El PP-A anunció el jueves la remisión del documento al juzgado de guardia en la capital almeriense "ante las gravísimas acusaciones" vertidas por el ex asesor, al tiempo que Diego Asensio, secretario general de los socialistas almerienses, anunció demandas por lo que considera que es un denuncia falsa.
El correo electrónico, que suscribe con su DNI el que fuera de 1999 a 2000 asesor del PSOE en la institución provincial, desgrana en seis puntos supuestas irregularidades tanto en el seno del partido como en la agrupación en la institución supramunicipal para terminar dando garantía al destinatario del texto de que está dispuesto a "ratificar estos puntos ante un juez, si fuese preciso". Castro, quien se identifica como ex responsable de la asamblea local de La Cañada, una barriada de la capital, asegura en el email que la "mayoría de los miembros del equipo de asesores y personal de apoyo" de la Diputación de Almería tenían "la obligación de financiar al partido a través de los sueldos" que cobraban del citado organismo.
Esta "obligación" -según detalla en los puntos segundo y tercero del escrito- de financiar al PSOE constituía una "condición sine qua non" para tener el cargo de asesor. "La asistencia de los asesores en la Diputación era meramente testimonial, pudiéndose acreditar, en mi caso y en otros a través de los registros de fichaje de entrada y salida", sostiene.
El secretario general del PSOE, Diego Asensio, es señalado como la persona que "aprobaba expresamente a todos los asesores y personal administrativo", un hecho que el remitente del correo electrónico ilustra con su caso particular al afirmar que tuvo la obligación "financiar y mantener" la agrupación local La Cañada "y otras" almerienses a través de "afiliados fantasmas" con el objetivo de "alterar" la representación de delegados en los congresos provinciales. A Asensio imputa, asimismo, la entrega de "dinero negro procedente de fondos reservados regionales" que Castro reconoce, además, haber recibido.
El PP de Almería dice haber comunicado al ex asesor su intención de "llevar ante un juez el escrito" y, según el vicesecretario de Organización, volvió a ratificarle "personalmente" su intención de mantener las acusaciones.
La respuesta del PSOE de Almería fue contundente: negó con "rotundidad" las acusaciones de supuesta financiación ilegal y avanzó que pondrá en conocimiento de sus servicios jurídicos el escrito por si "procede plantear demanda contra el remitente" y contra el vicesecretario de organización popular.
