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Un exalcalde contra las cuerdas

El antiguo regidor se enfrenta este año a tres procesos judiciales tras superar dos que habían prescrito.

el 12 feb 2012 / 19:56 h.

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El exalcalde, durante un Pleno.

La imputación del exalcalde de Morón, Manuel Morilla, en el caso Mozampro, por un delito de prevaricación asociado a la escritura pública de venta de un solar destinado a viviendas protegidas, llevará al empresario taurino el día 22 ante los juzgados de Morón, donde fue durante ocho años máxima autoridad. Pero no será la única vez que Morilla se siente en el banquillo de los acusados: se tendrá que enfrentar a otras dos causas relacionadas con su labor al frente del Consistorio por delitos medioambientales.

La siguiente cita en los juzgados será para un juicio en el que tanto Morilla como su antecesor José Párraga declararán como imputados por la supuesta edificación de varias naves en terreno rústico, por lo que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico solicita para cada uno año y medio de prisión, y la inhabilitación especial para cargo público durante nueve años.

Los hechos se remontan a 2001, cuando se permitió la instalación de un aparcamiento de camiones, una empresa de tapicería de muebles y un centro de lavado y engrase de vehículos en un terreno calificado como "agropecuario" que acogía antiguamente un secadero de algodón. La acusación de los vecinos de la Alameda afectados la respalda la Fiscalía, que considera que el hecho fue "totalmente ajeno a la legalidad". En la fase de instrucción ambos acusados coincidieron en que sólo firmaban los documentos sin conocer su contenido, añadiendo que "desconocían los hechos a los que el juez se refería".

Por otro lado, Morilla figura como imputado por el fiscal por un presunto delito medioambiental relacionado con los vertidos contaminantes de las industrias de aderezo de la aceituna que investiga el Ministerio Público.

En 2008, el fiscal formuló una denuncia contra el alcalde y el entonces concejal de Medio Ambiente, Antonio José Ramírez (PP), por una supuesta conducta "continuadamente tolerante u omisiva" de la administración local respecto a los vertidos contaminantes al río Guadaíra. Según se argumentaba, pese a las inspecciones de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ante la situación "crítica" de las aguas del río, y de las diligencias de la Guardia Civil que llegaron a conocimiento de los responsables municipales, "éstos no adoptaron medida de control alguna a pesar de sus competencias".

A ambas denuncias, y a la del caso Mozampro, tendrá que hacerles frente en este año, después de que en 2011 el ex edil del PP también tuviera que responder ante la justicia por dos causas que han sido archivadas. La primera, por una denuncia promovida por tres funcionarios del consistorio que impugnaron unas oposiciones en las que habían participado como tribunal de selección, porque entre los aprobados apareció una persona que no se había presentado a la prueba; y que fue archivada por no encontrarse delito. Y otra por el caso Zafra, en la que el grupo independiente Ama-Morón denunció un posible delito contra la ordenación del territorio al excederse en las obras realizadas en la Finca Zafra bajo la licencia de obras pedida al consistorio por la esposa del alcalde. La Fiscalía, a pesar de manifestar que la "conducta de ambos es constitutiva de delito" archivó el caso por haber prescrito.

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