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Un exconsejero ante Alaya

Antonio Fernández declara el miércoles ante la jueza del caso ERE después de un año imputado.

el 15 abr 2012 / 20:37 h.

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El exconsejero Antonio Fernández junto a Francisco Javier Guerrero.
Con los dos primeros implicados en las supuestas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) en prisión, llega el turno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El miércoles, un día antes de la constitución del Parlamento, tendrá que sentarse ante la jueza Mercedes Alaya que desde hace varios días prepara el intenso interrogatorio al que le someterá. Sin duda será una declaración marcada por la sombra de la cárcel.

Fernández se sentará ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 con varias opciones, contestar a todas las preguntas, negarse a declarar, contestar sólo a su defensa o sólo a la jueza y al fiscal. Ésta parece que es la más probable, aunque es una decisión que se puede cambiar in extremis y que dependerá de la estrategia de su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo.

El que fuera consejero de Empleo tendrá que responder si conocía la gestión que hacía el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de la partida destinada a las empresas en crisis. Guerrero aseguró en su declaración que él daba cuenta de todo lo que hacía a sus superiores, consejero y viceconsejero, y eso le sitúa en el centro del huracán. Durante los casi diez años que Guerrero ocupó el cargo de director general de Trabajo, Fernández fue viceconsejero, con José Antonio Viera al frente, y más adelante consejero (de 2004 a 2010). Según Guerrero, fueron ellos dos quienes les dieron las "directrices" sobre los criterios de cómo otorgar las ayudas sociolaborales, por lo que insistió en que él sólo recibió una herramienta que le dieron sus superiores. De hecho, Fernández era el responsable del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) cuando se firmó el convenio el 17 de julio de 2001 bajo el que se amparó Guerrero para dar las ayudas.

Pero el exalto cargo no se quedó sólo en apuntes "generales", sino que llegó a precisar a la jueza que fue Fernández el que comprometió tres millones de euros para las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. Sin embargo, la mayoría de las ayudas para empresas de la Sierra Norte las comprometió Viera y que incluso tras dejar su cargo en Empleo siguió "influyendo" para que estas empresas recibieran ayudas, lo que hizo que llegaran a financiarse "con dinero público". De hecho, siempre según su testimonio, Fernández dio continuidad a los compromisos adquiridos por Viera.

Asimismo, la jueza también podría preguntarle por su inclusión como prejubilado en el ERE de las bodegas jerezanas González-Byass, cuya póliza no llegó a cobrar, y que fue autorizado durante su mandato.

El interrogatorio se prevé extenso. De hecho, Alaya había fijado en un principio la declaración para el 19 de abril, pero al final decidió adelantarla al 18, ya que ella misma prevé que sea una declaración que puede durar varios días y, dado que el día 20 su juzgado está de guardia, decidió adelantarla. De no haber sido así, Fernández hubiera acudido a declarar el mismo día en el que se constituye el nuevo Parlamento andaluz, pese a que lleva ya más de un año imputado.

Habrá que ver, también, cuántos delitos le imputa la jueza a la vista de la amplia lista de hechos delictivos que le leyó a Guerrero. Y, por supuesto, qué ocurrirá tras la declaración. En especial, qué hará la Fiscalía Anticorrupción, si pedirá prisión una vez que escuche a Fernández. Aquí además el exconsejero juega con un arma de doble filo, pues si se niega a declarar podría considerarse como una falta de colaboración con la Justicia y, por tanto, un motivo para que el fiscal le reclame cárcel. La otra cara del cuchillo, que pese a declarar se considere que los hechos que le imputan son de tal gravedad como para encarcelarlo. ¿Y qué hará la Junta? Hasta ahora ha solicitado prisión tanto para Guerrero como para su exchófer, pero en ambos caso lo escandaloso es que no lo hubiera hecho. Desde luego, a Anticorrupción y a Alaya no parece que les tiemble el pulso.

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