Por Isabel Morillo y Rocío Velis Los miembros de la comisión ejecutiva regional de UGT Andalucía cobraban una serie de cantidades mensuales, como complemento a sus sueldos, que oscilaban entre los 900 y los 3.000 euros. Esas cantidades se cargaban a un programa que, según los testigos han declarado ante la Guardia Civil, «era subvencionado por la Consejería de Empleo, Dirección General de Trabajo». Así consta en uno de los escritos de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica de la Guardia Civil incorporado en el sumario judicial del presunto fraude tejido por UGT Andalucía mediante facturas falsas y un complicado entramado empresarial para supuestamente desviar fondos públicos con cargo a los cursos de formación para parados. Según uno de los trabajadores, contratado como contable, declaró ante la Guardia Civil el exsecretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, cobró 3.000 euros mensuales; el extesorero Federico Fresneda, detenido e imputado en el caso, y la exsecretaria general de la Mujer, Ana Pérez Luna, cobraron 1.500 euros al mes. Mientras que para el resto de miembros de la ejecutiva la cantidad ascendía a los 900 euros. Pérez Luna, consultada por este periódico, ha negado que fuera esa su asignación y ha asegurado que percibía 900 euros, igual que el resto de sus compañero de la dirección, insistiendo en que desconocían el origen de ese dinero.
En esta misma línea abunda otro de los testigos clave en esta operación policial por el presunto fraude de fondos públicos en UGT-A, el exsecretario de formación y cultura, Germán Damián Domínguez, que asegura que él cobraba 900 euros en concepto de gastos de representación y que la asignación de Pastrana era de 3.000 euros, «más el alquiler de su vivienda, un coche oficial con chófer y una VISAoro para gastos». ¿De dónde salían estos sobresueldos? La contabilidad del sindicato ha sido durante años, según las pesquisas policiales, un auténtico entramado de prácticas supuestamente irregulares, mediante acuerdos con las empresas que eran grandes proveedores del sindicato fórmulas como el «bote» o el «rappel» permitían el desvío de fondos públicos mediante la emisión de facturas falsas, utilizando una empresa aseguradora del propio sindicato o hasta tres sociedades mercantiles creadas por UGT. Los testigos inciden en que estas cantidades tenían como origen las subvenciones públicas y las cuotas de los afiliados, mientras que extrabajadores del sindicato señalan que esas cantidades se ingresaban directamente, en ocasiones, desde el «canon revolucionario», un porcentaje retenido de las subvenciones.
El nerviosismo se desató en el sindicato tras el registro policial ordenado por la jueza Mercedes Alaya en diciembre del pasado año. A la sucesión de informaciones periodísticas que desvelaban presuntas prácticas irregulares, destapadas por El Mundo, se sumaron varias denuncias y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía que culminaron con la dimisión del entonces secretario general, Francisco Fernández Sevilla. El sistema de financiación presuntamente irregular creado, según los testigos, por la cúpula de UGT-A con el extesorero Federico Fresneda al mando, estaba a punto de estallar por los aires. La Guardia Civil recoge en uno de sus atestados «la alarma social» creada por este caso y avisa de un «alto riesgo de alteración o destrucción de pruebas». En este escenario la Guardia Civil pincha varios telefónos y sigue a algunos de los hoy imputados. Entre ellos al extesorero Fresneda, «una pieza clave en el desarrollo de la investigación» como exsecretario general de administración. Del control telefónico a
Fresneda se deduce que éste, tras la dimisión de Fernández, se puso en contacto con una serie de personas vinculadas al sindicato, evitando hablar por teléfono y citándolos en diversos «establecimientos de hostelería» de Sevilla. Las medidas de seguridad y las cautelas empleadas por Fresneda obstaculizan la investigación a la Guardia Civil. El extesorero se reunió con varias personas ligadas a la presunta trama sindical, entre ellos Manuel Pastrana, tras intentar localizarlo por varias vías (Whatsapp o sms). También aparece el abogado sevillano y exalcalde de Sevilla,Manuel del Valle, con quien trata de contactar para liquidar una de las sociedad mercantiles creadas por UGT, GeosurArquitectura y Urbanismo, en cuya presidencia aparece Del Valle. Tratan de «deshacerse» de estas empresas y dos son «liquidadas», según se desprende de estas escuchas (Geosur y Novasur, quedando en vigor soloSoralpe, encargada de pagar las nóminas a la plantilla de UGT). El 19 de diciembre de 2013, el extesorero llega a reunirse en las inmediaciones de su residencia en Sevilla con Pastrana junto a Roberto Marín, que también fue miembro de la ejecutiva ugetista.
