Un exinterventor de Empleo se sintió "urgido" a no poner pegas a ayudas del caso ERE

En su declaración como testigo en 2012 dijo haber hecho 22 informes contrarios

el 04 oct 2013 / 23:30 h.

El exinterventor delegado en Empleo de la Junta de Andalucía Juan Luque, que antes de ser imputado en el caso de los ERE fraudulentos declaró como testigo ante la Guardia Civil, aseguró no haberse “sentido presionado” por nadie para no poner reparos a las ayudas aunque sí “urgido” en relación “con determinados expedientes”. Según el acta de su declaración, prestada el 5 de julio de 2012, Luque señaló a los investigadores que, aun así, durante los años 2011 y 2012 realizó hasta 22 informes de disconformidad a expedientes de ayudas sociolaborales en empresas como Altadis, Boliden Apirsa, Delphi, Dhull, Fertiberia, Primayor, Fundiciones Caetano o Astilleros Sevilla, informes que aportó a la Guardia Civil, según informó ayer Europa Press. Los investigadores le preguntaron si “en la realización de dicha labor de fiscalización de las ayudas alguien le ha presionado en el sentido de no poner reparos a las mismas”, a lo que respondió que “no se ha sentido presionado” aunque “sí urgido en relación con determinados expedientes”. Luque, interventor delegado en la consejería de Empleo desde 2008 hasta 2012, añadió que las transferencias de financiación “no son ningún problema si se usan para lo que fueron creadas: la financiación de los entes instrumentales”, añadiendo que en el caso ERE “se han utilizado para finalidades que no son para lo que se crearon”, como el pago de ayudas o subvenciones. A su juicio, el uso de estas transferencias de financiación tenía como fin “eludir” el control financiero que debería haber realizado el interventor delegado en la consejería “si se hubiera usado el método procedente”. “Con carácter general, el órgano gestor ha intentado evitar la fiscalización previa de la Intervención Delegada en Empleo para dar más agilidad a los expedientes”, admitió. Aseveró que el convenio marco de 17 de julio de 2001 “supone que los expedientes no lleguen a la Intervención Delegada, y tiene por tanto como consecuencia que se evitan los reparos que pudieran plantear los interventores delegados” de la consejería, precisando que el acuerdo “es consecuencia de una multitud de reparos que habían sido planteados por la Intervención Delegada y porque suponía que se dilataran los plazos”. El exinterventor admitió que, en el caso ERE, “ha existido un menoscabo muy grave para los fondos públicos”, y por este motivo “se debió hacer algo al respecto”, aunque reconoció que el informe de actuación de la Intervención General de la Junta “legalmente hablando y por la finalidad que tiene, no debió ser confeccionado”. Luque fue uno de los 20 cargos o exaltos cargos imputados por la jueza Mercedes Alaya en junio, imputación que recurrió ante la Audiencia al entender que es “difusa, inconcreta y ambigua”, ya que en el auto “más parece cuestionarse la normativa a aplicar que una deficiente aplicación de la misma”.

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