Hay hasta 62 artículos idénticos en el Estatuto de Andalucía y el Estatut de Cataluña. La comisión redactora del texto andaluz se encargó de incorporar literalmente buena parte de la letra del catalán ante el temor a agravios. Por eso cualquier desenlace que tenga el recurso que el PP planteó hace ya cuatro años, tendrá una repercusión directa en Andalucía. A la espera de un fallo definitivo, lo dijo ayer con rotundidad la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: cualquier sentencia que emita el Tribunal Constitucional sobre la ley orgánica catalana tendrá "efectos colaterales" en Andalucía.
Lo señaló durante el transcurso de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde el presidente de la Generalitat, José Montilla, intervino a petición propia para defender la constitucionalidad del Estatut y pedir el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional. "Cuando el Constitucional dicte sentencia habrá un impacto", señaló Moreno, quien indicó que pese a que el Estatuto andaluz no está recurrido "de manera masiva" como el catalán, la decisión del alto tribunal tendrá consecuencias para la ley andaluza. "Bien avalará, como esperamos la constitucionalidad [del Estatut] o nos obligará a hacer un ajuste estatutario en lo que nos afecte", aseguró.
El Estatuto andaluz está recurrido en el Tribunal Constitucional por la Junta de Extremadura, que considera que vulneraba la Constitución al atribuir a Andalucía competencias exclusivas sobre el Guadalquivir. El Gobierno de la Comunidad Valenciana trató de presentar otro recurso de inconstitucionalidad a cuenta del modelo de financiación autonómica fijado en el Estatuto andaluz. Sin embargo el TC tumbó ese recurso.
La consejera de Presidencia andaluza apoyó las tesis de su compañero, el socialista José Montilla, aunque con matices. Apoyó que se desbloqueé la renovación del Tribunal Constitucional -el Gobierno puso ayer sobre la mesa una oferta al PP en este sentido- aunque defendió que si no hay acuerdo y este órgano judicial sigue inmerso en una "prórroga", nadie podrá poner en duda su "legitimidad".
La única diferencia entre el Estatuto de Andalucía y el Estatut de Cataluña, advirtió Mar Moreno, es que el PP votó a favor del texto andaluz y en contra del catalán, al que además llevó al Constitucional. Una posición que tachó de "incoherente". Para el PP, añadió, la Constitución es distinta si la "lee en catalán o con acento andaluz".
El Estatuto andaluz y el catalán comparten buena parte de su articulado en puntos polémicos. El PP recurrió artículos del Estatut que sí aprobó en la ley andaluza. El derecho a la muerte digna figura idéntico en ambos estatutos. También en los dos textos se regula exactamente igual el bloque destinado a la Justicia. Se señala el Tribunal Superior de cada comunidad como la última instancia jurisdiccional en el territorio, sin perjuicio de la competencia reservada al Supremo. Y en los dos textos fija la creación de un Consejo de Justicia autonómico, similar al Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se deja en manos autonómicas la regulación de las cajas de ahorro como una competencia exclusiva, igual que la convocatoria de consultas populares. El control de las emergencias y Protección Civil se fija como competencia exclusiva de los Gobiernos autonómicos, respetando lo que diga el Estado, igual que las Universidades. Andalucía y Cataluña se atribuyen además el derecho a participar en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional.
El PP votó a favor de todos los artículos en el Estatuto andaluz y los recurrió en el catalán. En esta incoherente situación, el líder popular, Javier Arenas, alega que su formación se incorporó en el Congreso a un texto ya pactado entre PSOE e IU y erige al PP en garante de la constitucionalidad del texto andaluz. Los populares, señala Arenas, son responsables de que 150 artículos del Estatuto andaluz fueran reconducidos.
