La Junta –acuciada por una manifestación de funcionarios contra la ley del Sector Público prevista hoy en Sevilla–, se apresuró ayer a desmentir un supuesto recorte en la paga extra de los funcionarios tan extensamente difundido que no solo todos los empleados públicos de España están con el alma en vilo, sino que incluso el diputado del PP Miguel Barrachina preguntó en el Congreso por esta rebaja.
Pese a que el objetivo de la protesta de hoy nada tiene que ver con los recortes en las pagas –sino con la profunda oposición de los funcionarios y sus sindicatos profesionales a la ley del Sector Público– el que se haya corrido la voz de que llegan más recortes viene a inflamar los ánimos de los empleados públicos y la Junta teme que esto contribuya a que haya más gente en la protesta de hoy.
En la última manifestación de funcionarios, celebrada en Córdoba el 2 de abril, participaron unas 7.000 personas. En enero, en Sevilla, la protesta contra el decreto ley del Sector Público congregó a 35.000 personas (en Andalucía hay 52.000 funcionarios y personal laboral de la Administración Pública).
La Consejería de Hacienda fue la que ayer precipitó el desmentido: “En ningún momento se ha considerado, ni hay pretensión de hacerlo, medida alguna que pueda suponer un recorte salarial para el personal, tanto funcionario como laboral, de la Junta de Andalucía”. Más allá del comunicado oficial, un portavoz de Hacienda explicó en lenguaje más llano que Torretriana (sede del Gobierno con tres consejerías) es estos días un “hervidero de preguntas” de funcionarios.
En la premura del desmentido de Hacienda “confluyen tanto la manifestación contra la política de la Junta en función pública” –los sindicatos que la convocan creen que saldrán a la calle 30.000 personas– como una ronda de elecciones sindicales en el seno de la administración convocada para el 17 de este mes, explican fuentes de la Consejería de Hacienda. El Gobierno central también quiso atajar ayer el rumor, una vez que se hubo extendido entre los funcionarios de toda España. De hecho, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los convocantes de la manifestación en Sevilla, aún da por cierto el reajuste salarial y ayer aseguraba ser “conocedor” de que el Gobierno prepara “un nuevo recorte a los funcionarios”.
El Ejecutivo estaría “ocultando la medida” hasta después de las municipales, señala su secretario general de la Federación de Empleados Públicos, Luis Deleito. Esta versión sobre cómo se recortará la paga extra difiere de la del diputado Barrachina: para éste el recorte –hasta de 500 euros– se haría efectivo al calcular una de las pagas extras de 2011 sobre la de diciembre de 2010.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se refirió a este conflicto ayer al expresar que nadie será “funcionario por la puerta de atrás” y criticó que los convocantes no han protestado en otras autonomías “donde sí han despedido a funcionarios”.