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Un fiasco político en plena campaña electoral

Gobierno y Junta valoraron hasta el final cerrar un acuerdo "descafeinado"

el 21 oct 2011 / 19:31 h.

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Mar Moreno, en la rueda de prensa de ayer.

A un mes escaso de las elecciones hubiera sido una gran foto la de Manuel Chaves, vicepresidente de Política Territorial, y Mar Moreno, consejera andaluza de la Presidencia, rubricando un acuerdo para que el Guadalquivir permaneciera en Andalucía. Habrían intercambiado apretones de manos y pronunciado frases rimbombantes a favor de la autonomía y el autogobierno, ensalzando el Estatuto. Se habría acallado el ruido acerca de las malas relaciones y la falta de entendimiento que existe entre los que se quedaron en San Telmo y los que se fueron a Madrid.


A la gente le habría seguido interesando igual de poco. Este es uno de esos asuntos hiperpolíticos que no ha calado jamás en la calle y que solo siguen los trabajadores afectados, los regantes y los ecologistas. Sin embargo la música del acuerdo habría sido mucho más acorde con la campaña electoral, sobre todo habida cuenta de que dos de los ministros implicados en el desencuentro son números uno en la candidaturas de dos provincias: Chaves por Cádiz y la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, por Córdoba.Pero esto es ficción. Ayer en una rueda de prensa a medio día de nuevo fue la consejera de la Presidencia de la Junta la que compareció en solitario, poniendo la cara para asumir y contar lo que ninguna de las dos administraciones quería hacer público: que la gestión del Guadalquivir por parte de Andalucía es inviable jurídicamente.

Así lo han dicho los dos máximos órganos judiciales del país. El Tribunal Constitucional, que respondiendo a un recurso de Extremadura anuló el artículo 51 del Estatuto que declaraba el río como competencia "exclusiva" de la comunidad. Y el Tribunal Supremo, que igualmente anuló el traspaso. La conclusión es que había un margen legal muy escaso para cerrar un acuerdo en los términos que interesaba a la Junta. El Gobierno de José Antonio Griñán quería tener la certeza de que un pleito en los tribunales -y los iba a haber porque ya lo habían anunciado los funcionarios y los regantes- no iba a terminar con un tercer revolcón judicial. Y esa garantía no podía existir. Cabía un acuerdo descafeinado, sin apenas competencias, o "ruinoso", asumiendo la Junta el coste de la gestión sin traspaso de medios. Y en ese momento es cuando, en el tiempo ya de descuento, el jueves a las doce de la noche y por teléfono -a Madrid solo se desplazó el viceconsejero de la Presidencia- la Junta dijo que no, que no le interesaba y que creía mejor devolver las competencias.

Los ecologistas aplauden la "sensatez". Eso mismo defiende la Junta, su "responsabilidad" y el no haberse dejado guiar por su instinto electoral, firmando algo para salvar la cara que podía acabar dando una nueva vuelta de tuerca al kafkiano proceso del Guadalquivir. Ambas partes, Junta y Estado, defienden que no ha podido haber más empeño político y niegan confrontación. Claro que las conversaciones en los días previos con gente muy cercana a la negociación dejaban entrever nerviosismo y tensión. Con acusaciones desde Andalucía de que los papeles del último acuerdo habían llegado muy tarde. O con un alto cargo del Gobierno comentando: "La decisión la tiene la Junta, si quiere bien y si no haremos el ridículo".


Desde que en marzo el Constitucional falló se emplazaron a buscar juntos la fórmula de la cuadratura del círculo: acatar la sentencia del Constitucional dejando las competencias en Andalucía. Pecaron de exceso de confianza. Han alargado hasta la agonía una historia que ya de por sí era muy controvertida.


Andalucía reclamó el Guadalquivir en su Estatuto, venciendo férreas resistencias del Ministerio de Medio Ambiente, con todos los técnicos en contra y con muchos reparos del PP, que finalmente se sumó. Se firmó un traspaso exprés para tapar otro fiasco estatutario, el de la deuda histórica. Fue Extremadura, gobernada por los socialistas, la que fue al Constitucional. Falló el Alto Tribunal y cosas de la política, le tocó a los mismos que habían hecho el traspaso desde la Junta deshacerlo desde el Gobierno. Firmó Chaves la transferencia como presidente andaluz y firma la devolución del río como ministro. Y todo esto animado con unos 800 trabajadores en pie de guerra, que jamás quisieron integrarse en la Junta y que han sido el alma de la gran rebelión del funcionariado contra la reordenación andaluza del sector público. Un pésimo negocio político el del Guadalquivir que firmó Chaves, heredó Griñán y quedará para la historia. Y ahí está el PP, boyante, pescando en el río y criticando un "batacazo histórico". Los mismos populares que en el Guadalquivir han tenido siempre un pie en cada orilla, pidiendo una cosa y la contraria.

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