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Un fiscal regional controlará el auge de los delitos de menores

La Fiscalía planea una figura que unifique la actuación contra la delincuencia juvenil

el 05 abr 2010 / 20:31 h.

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El consejero Francisco Álvarez de la Chica, ayer con el fiscal jefe, Jesús García Calderón.

La Fiscalía Superior de Andalucía pretende nombrar "antes de final de año" a un fiscal coordinador de Menores para que se dedique en exclusividad de los delitos cometidos por adolescentes y para que trate de unificar el criterio de las actuaciones de las ocho fiscalías provinciales.

El fiscal coordinador es una figura que el Ministerio Público utiliza para dar preferencia a asuntos judiciales que van en aumento o que despiertan una mayor sensibilidad social. En Andalucía hay tres: uno para Seguridad Vial, otro para Medio Ambiente y un tercero para Violencia de Género. El de Menores sería el cuarto, y se encargaría de unificar el criterio de los fiscales provinciales tanto en medidas de reforma (menores que delinquen), como de protección (menores en desamparo).

La iniciativa es un "proyecto personal" del fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, que ayer mismo se reunió con el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, para "reforzar la protección de los derechos del profesorado", según una nota de la consejería. García Calderón ha manifestado públicamente su preocupación por el progresivo aumento de la violencia en menores de edad, sobre todo en el ámbito escolar y en el entorno familiar. La Fiscalía Superior de Andalucía sitúa el origen de la violencia juvenil "en el consumo excesivo de alcohol y drogas, unido al fracaso escolar y a la ausencia de mecanismos de control en la familia".

En la memoria de 2008 ya se adelantaba que "entre los aspectos más preocupantes cabría recordar que persiste la negativa tendencia al mayor número de agresiones producidas por menores", y en la memoria de 2009, que será presentada a finales de mes, la gravedad de esos delitos se han "recrudecido". Casos como las violaciones múltiples que protagonizaron unos adolescentes en Baena (Córdoba) e Isla Cristina (Huelva) el verano pasado precipitaron de nuevo el debate sobre delitos juveniles graves que se escapan a la acción judicial. Esta lectura contrasta con la que hace poco expuso la Consejería de Justicia: de los más de 7.000 jóvenes que delinquieron el año pasado, el 87,1% se reinsertaron y sólo un 12,9% acabaron por reincidir.

Casos graves. Durante los últimos cinco años, los ocho fiscales del Menor de Andalucía han alertado en sus memorias anuales de esa tendencia al alza de la delincuencia juvenil. Algunos han reclamado insistentemente "una reforma de la Ley del Menor que permita actuar contra menores de 14 años" (edad mínima de responsabilidad penal). Y no porque comparativamente el número de delitos cometidos por menores sea mayor -la tasa de delincuencia de jóvenes de 14 a 18 años es del 1,6% y del 0,6% en menores de 14-, sino por la gravedad de los mismos: la relativa frecuencia con que perpetran asesinatos, homicidios y violaciones en los que "ni el fiscal ni el juez pueden actuar en la vía de la reforma".

Pero la reforma de la Ley del Menor no compete a la Fiscalía, y además en el seno de la misma hay opiniones encontradas al respecto. En su última memoria, el Ministerio Público concluyó que "en relación con las infracciones cometidas por menores de 14 años, salvo casos excepcionales, las más frecuentes son lesiones y hurto, delitos de robo con fuerza o violencia y algunos casos de abusos sexuales". En la última década, los gobiernos del PSOE y del PP que alternaron por la Moncloa han introducido más de media docena de modificaciones a esa ley, pero ninguno aprobó el endurecimiento de las penas.

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