El presidente Griñán y el vicepresidente Valderas, en el Parlamento.
Un año de supervivencia. Así han sido los primeros doce meses del Gobierno de PSOE e IU, los dos partidos que sellaron un pacto inédito tras las autonómicas del 25 de marzo, unas elecciones que por primera vez ganó el PP. Ese experimento del que muchos desconfiaban ha superado de momento todos los trances el vuelco que ha dado ahora la instrucción del caso ERE lo ha vuelto a tambalear, pero más que a gestionar, la Junta se ha dedicado a intentar sobrevivir a los recortes impuestos por Bruselas y por Mariano Rajoy. Andalucía ha tratado de demostrar que tiene un modelo diferente al del PP, basado en lo social y sin privatizaciones. Pero la comunidad con más paro de España (casi el 36%) no escapa a la tijera. Acorralada por el déficit, la Junta y el Gobierno han reeditado la confrontación más dura y han cruzado siete recursos. El discurso del maltrato y la discriminación ha empañado las relaciones entre instituciones en la mayor encrucijada económica.
El PSOE se mantuvo en el Gobierno contra todo pronóstico gracias a una alianza sin precedentes con IU. Andalucía se convertiría en casi la única isla roja en un mar azul de hegemonía del PP. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, lo calificó de gesta, pero al tomar posesión dejó claro que gobernar en estas circunstancias de asfixia no era ningún regalo. El único objetivo de los primeros cien días del Ejecutivo de coalición fue el de resistir a las políticas de Rajoy. El Gobierno andaluz se estrenó con la amenaza de intervención de las cuentas de la comunidad y con el fantasma de la bancarrota, agitado por el PP-A y secundado por el Ejecutivo. Justo después llegó el primer gran reto del pacto PSOE-IU: el recorte de 2.700 millones al Presupuesto de 2012 para cumplir con el déficit.
Después de que Bruselas exigiera a España apretarse el cinturón para cuadrar sus cuentas, el Gobierno de Rajoy fijó en el 1,5% del PIB el tope de déficit de las comunidades en 2012, mientras que el Estado situó el suyo en el 4,5%. Ese reparto injusto ha sido el caballo de batalla de la Junta. Andalucía cerró 2012 con un déficit en el 2,02%, casi medio punto por encima del objetivo marcado. Pese a que el Gobierno ha exigido más esfuerzos a las regiones incumplidoras, la Junta descarta nuevos recortes. Ahora el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a abrir la mano con las autonomías (a las que le exige contener su déficit en 2013 hasta el 0,7%) si Europa le da más margen a España.
El tijeretazo a las cuentas de 2012, que no formaba parte del acuerdo programático entre PSOE e IU, supuso una brecha en la coalición y abrió serias fisuras, pero al final no logró desestabilizar al Gobierno autonómico. No quebró el pacto ni este trago ni los otros dos grandes retos: la comisión de investigación en el Parlamento sobre el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos pagados por la Junta ni el difícil Presupuesto de 2013, elaborado de nuevo bajo la soga del déficit. La primera comisión de investigación en la Cámara después de casi dos décadas cerró en falso porque PSOE y PP unieron sus votos contra el dictamen de IU y sin apuntar a ningún responsable político. Superado este ridículo, como lo calificaron algunos, tocó ela borar el Presupuesto de 2013, el más restrictivo de la autonomía. Todas las partidas bajaron, pero las líneas rojas estaban claras: educación y sanidad públicas, evitar privatizaciones y mantenimiento del empleo. La inversión volvió a ser la gran sacrificada y bajó un 20%.
La Junta pudo diseñar el Presupuesto de resistencia por los pelos, gracias a un acuerdo in extremis con el Gobierno sobre el límite de endeudamiento. Este asunto desencadenó el momento de mayor tensión con el Ministerio de Montoro. A finales de julio, la consejera de Hacienda abandonó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en protesta por unos límites de endeudamiento que beneficiaban a las autonomías menos saneadas y perjudicaban, sobre todo, a Andalucía. La confrontación se rebajó a partir de lo que la Junta considera el punto de inflexión: la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre. Después de esta cita, el Ejecutivo dio oxígeno a Andalucía al permitir elevar su techo de deuda al 15,3% y evitar así otro recorte de 2.700 millones al Presupuesto.
En este clima y ante el cierre de los mercados financieros, la Junta pidió el rescate y solicitó 4.906 millones al Fondo de Liquidez Autonómica, aunque solo llegaron 2.133. Andalucía volvió a denunciar un trato discriminatorio respecto a regiones como Cataluña y Valencia. También en 2013 recibirá la mitad de lo que ha pedido (3.209 millones de los 7.034 demandados). Ministerio y PP-A alegan que el Gobierno ha inyectado unos 10.000 millones de liquidez a Andalucía. Pero el Gobierno andaluz enumera una larga lista de maltrato del Ejecutivo a esta tierra: el incumplimiento del Estatuto en materia de inversiones, la negativa de un plan de empleo específico para la comunidad como el que tienen Canarias y Extremadura, los reiterados recursos a la subasta andaluza de fármacos la Junta pretende ahorrar hasta 200 millones o la eliminación del impuesto a la banca, una medida que el Ministerio va a matizar ahora.
recursos // La Junta ha ejercido una oposición férrea a toda la política del Gobierno, sobre todo a la reforma laboral, que ha disparado el paro en Andalucía en casi un millón y medio de personas, y la reforma educativa del ministro Wert. Ha llevado al Constitucional los recortes en sanidad, en educación, la liberalización de horarios comerciales, las tasas judiciales y las normas de energías renovables. El Ejecutivo, por su parte, recurrió la subasta de medicamentos y las oposiciones a profesor.
La gestión de la Junta ha pivotado sobre la lucha contra el paro. Ya ha aprobado cuatro planes de choque que aún no están funcionando. El último destinará 500 millones para crear 42.000 puestos de trabajo en 2013. Este plan resume básicamente el contenido del Pacto por el Empleo que el miércoles, casi al cierre del balance del año electoral, firmó Griñán con sindicatos y patronal. Ese documento, sin dotación económica, será el corazón del Pacto por Andalucía, la iniciativa política más importante del año impulsada por el presidente pero de contenido algo difuso. Ahora el Gobierno debe dar un empujón a las 25 leyes comprometidas por PSOE e IU de las que aún no se ha aprobado ninguna
