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Un idioma en expansión

La Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de ley de Lengua de Signos, que garantiza el derecho de las personas sordas a ser atendidas en la Administración en su sistema de comunicación gestual.

el 10 nov 2009 / 20:47 h.

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Alejandro Bravo, de 33 años, es sordo y se siente discriminado. Cuando va al hospital y le cuesta comunicarse con los médicos. Cuando va a hacer un trámite en una ventanilla y como respuesta recibe un "buff, buff" o un "lo siento" en lugar de un esfuerzo por entender qué quiere. Cuando ha buscado trabajo lo ha tenido que encontrar como agente de desarrollo en la Comunidad de Sordos de Sevilla.

No todo es tétrico en este mundo de malentendidos: al leer los labios percibe el ceceo "y alguna vez creí que me querían llevar de caza en vez de a casa".

"Hasta en la tele tengo problemas", explica: las cadenas públicas traducen como quieren los subtítulos de los programas, pero ay, le gustan las series de Cuatro y pocas cuentan con este servicio. El teléfono es un trasto inútil. Al menos, cosas de la vida diaria como la compra o pedir una cerveza son tan visuales que se puede entender por gestos.

Sólo un 2,2% de la población andaluza, unas 176.000 personas, tienen discapacidad auditiva (44.400 en un grado reconocido superior al 33%). Aún son menos las usuarias de la lengua de signos, unas 75.000 según la Federación andaluza de personas sordas. Pero los poderes públicos también se deben a las minorías.

Por ello, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que convierte en derecho el acceso a intérpretes o a la tecnología necesaria para que un sordo pueda acceder a los servicios públicos, y regula el uso de la lengua de signos en la administración, la educación y los medios de comunicación.

La ley regula muchas medidas que ya existían pero que "hasta ahora dependían de la voluntad del Gobierno y del presupuesto asignado y a partir de su aprobación serán un derecho y por tanto será el presupuesto el que tendrá que ajustarse" para garantizarlo, según explicó la consejera de Igualdad, Micaela Navarro.

De momento, la memoria económica de la norma prevé un presupuesto de 110 millones anuales hasta 2012 para el desarrollo de la ley. Duplicar el número de intérpretes a disposición de los usuarios para acompañarles en sus relaciones con la administración pública (de los 250 actuales a casi 500), promover la formación de funcionarios y profesores en lengua de signos y garantizar el acceso a la educación reglada de los alumnos sordos así como la adaptación curricular a éstos son algunos de los objetivos de la norma, ya que "en función de la edad, muchas de estas personas sufren más discriminación por haber estado apartadas del sistema educativo que por la discapacidad en sí".

En concreto, sólo un 4,38% de los andaluces con un grado de discapacidad auditiva superior al 33% tiene estudios universitarios, un 20,83% es analfabeto y un 41,37% tiene estudios primarios incompletos. La norma  prevé incluso la creación de centros bilingües donde todos los alumnos (sordos o no) aprendan la lengua de signos como "un idioma más" en aras de la integración social de este colectivo. Pero las nuevas tecnologías también ofrecen nuevas posibilidades a los sordos. Así, desde hace un año funciona en Atarfe (Granada) un centro piloto de teleinterpretación que recibe mensajes de las personas sordas a través de videoteléfonos para solicitar servicios públicos.

Con esta norma, la Junta ofertará ayudas para adquirir estos medios técnicos y promoverá su instalación en estaciones de trenes y autobuses, servicios de información, administraciones y se ampliará la red de centros de teleinterpretación.

Para el presidente de la Federación andaluza de sordos, Alfredo Gómez, esta ley "supone garantizar la participación de los sordos en cualquier ámbito de la vida diaria en igualdad de condiciones mediante un instrumento como la lengua de signos". 

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