El informe elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial en relación con el caso Gürtel concluye que el Gobierno valenciano en al menos 14 actividades fraccionó el objeto del contrato en varios contratos menores "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación", como el negociado o abierto, y "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".
Asimismo, revela duplicidades en el pago de servicios y el abono de facturas por trabajos no realizados.
El documento, que data del pasado 16 de abril, fue exhibido ayer en el pleno de las Cortes por el portavoz del PSOE-PSPV, Ángel Luna, durante la sesión de control al jefe del Gobierno, Francisco Camps, en la que le preguntó por los fraccionamiento de contratos en la Administración valenciana.
El informe, solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), analiza 85 operaciones de la Generalitat valenciana ejecutadas entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros y que fueron adjudicadas a nueve empresas de la trama corrupta investigada según el documento.
La más beneficiada fue Orange Market, con 45 expedientes por un importe de 6.829.079,16 euros. Le siguen Special Events, con 13 expedientes con un coste de 145.980,70 euros, y Diseño Asimétrico, con ocho expedientes por 85.970 euros. También recibieron adjudicaciones Servimadrid -seis expedientes por 56.991 euros-, Boomerangdrive -cuatro expedientes por 45.105,59 euros-, Down Town Consulting -tres expedientes por 45.936,24 euros-, Rialgree -dos expedientes por 22.100 euros-, Technology Consulting -dos expedientes por 7.909,77 euros- y Good & Better -uno por 11.990 euros-.
En las adjudicaciones intervinieron Presidencia, Vicepresidencia y siete consejerías.
Según revela la Unidad de Auxilio Judicial, el Gobierno valenciano tramitó 76 de estos expedientes como contratos menores por un importe de 1,1 millones de euros, que adjudicó directamente a un proveedor y abonó las cuantías contra la presentación de la factura. El documento también señala que en la mayoría de los casos consistía en la realización de un único acto y en al menos 14 actividades se fraccionó el objeto del contrato en varios contratos menores "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación", como el negociado o abierto, y "vulnerando los principios de publicidad y concurrencia".
El informe analiza las contrataciones para la celebración de las ediciones de Fitur 2006, 2007 y 2008, donde halla duplicidades en el pago de algunos servicios.
A este respecto, Camps defendió las adjudicaciones realizadas por el Gobierno valenciano y aseguró que la Sindicatura de Cuentas dice que "todo está bajo el control de legalidad y en perfectas condiciones". Además, señaló que la institución fiscalizadora "no ha encontrado los elementos que configuran una contabilidad que no sea responsable".
