Un informe pericial encargado por el comité de Sevilla Global concluye que la empresa pública municipal, acordada por el Gobierno del PP el pasado junio y que conlleva un ERE extintivo para 43 trabajadores cuyo despido se hará efectivo mañana previsiblemente, "no se encuentra incursa en causa de disolución obligatoria". El informe, incluido en la documentación aportada por el comité a la autoridad laboral para impugnar la disolución de la entidad y el ERE, sostiene que los 3,6 millones de pérdidas en 2011 esgrimidos para el cierre de la entidad se basan en un "test de deterioro" que calcula el valor y potencial económico de los activos inmobiliarios -principalmente la devaluación en el mercado inmobiliario del parque Arte Sacro-y otros recursos de la empresa, por lo que según la Ley de Sociedades de Capital, no se tendría que tener en cuenta, con lo que "las pérdidas a computar" se reducen a 68.413 euros y la empresa cuenta con "fondos propios en la cantidad de 545.463 euros, por encima de la mitad del capital social", por lo no hay causa de disolución obligatoria.
El informe, suscrito por Gerardo Narbona como miembro del Colegio de Economistas de Sevilla -contratado por el comité al efecto- y recogido por Europa Press, analiza los estatutos de Sevilla Global y las cuentas de 2010 y 2011. Las cuentas de 2011 fueron aprobadas por el consejo de administración de Sevilla Global el pasado 28 de marzo con un resultado contable de 3.738.674 euros de déficit. Mientras casi todas las pérdidas derivarían del deterioro del valor inmobiliario del parque Arte Sacro, los trabajadores afirman que al margen de este aspecto, las pérdidas operativas se reducirían a 68.413 euros y la compañía atesoraría aún un capital social de 600.000 euros y un patrimonio neto de más de cuatro millones de euros. El Ayuntamiento alega que en "en ningún caso se invocó causa mercantil" para la disolución y "todo está referido al ámbito administrativo" y a las obligaciones que el Ayuntamiento debía cumplir en su plan de ajuste, en el que se incluye la extinción, para acceder a las ayudas estatales del pago a proveedores. Defiende además la legalidad del proceso mercantil de disolución porque "la inscripción en el registro mercantil" el pasado 5 de septiembre "se realizó sin ninguna incidencia". Y que los auditores presentes en la mesa de negociación del ERE certifican la validez de las cuentas aportadas para justificarlo.Inicialmente, el Gobierno municipal esgrimió un "imperativo legal" derivado de unas pérdidas superiores a la mitad del capital social de la empresa como causa para disolverla, aunque finalmente argumentó duplicidades y la necesidad de reducir gastos ante su difícil situación económica, unas circunstancias que no han cambiado como para reactivar la empresa. Además recuerda que en todo caso, al igual que el plan de ajuste en el que se incluye su disolución, esa reactivación tendría que aprobarse en el Pleno. "No depende de la remoción de ninguna supuesta causa legal mercantil de disolución, pues que no es ese el presupuesto del acuerdo de disolución, sino de la decisión" del Ayuntamiento que "de igual forma que tiene autonomía" para crear sociedades mercantiles para gestionar servicios públicos o realizar determinadas cantidades "tiene plena potestad para organizar, modificar y suprimir, en su caso, los servicios que presta".
