Antonio Rodrigo Torrijos, Carlos Vázquez y Jon Ander Sánchez, en un acto de la Fundación DeSevilla.
La Fundación DeSevilla destinó entre 2007 y 2011 unos 936.000 euros de ayudas públicas a fines distintos a los previstos para estas subvenciones, sin justificar los gastos ni reintegrarlos, y en medio de un gran descontrol contable por la falta de mecanismos internos que garantizasen el equilibrio de las cuentas. Este desfase se produjo pese a los continuos avisos del interventor municipal y la consultora Deloitte, que año tras año se negó a emitir informes sobre la situación de esta entidad por no disponer siquiera de la documentación necesaria, por la falta de justificación de las partidas.
Es lo que mantiene un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guadia Civil de Sevilla, que aprecia comportamientos tan sospechosos como el borrado de 24.577 elementos del ordenador en el que estaba la contabilidad de la fundación. Se hizo con un programa de borrado seguro justo el día en que dejaba su cargo el hasta entonces gerente, Miguel López Adán, de quien la Guardia Civil afirma que, de existir responsabilidades penales vinculadas a la contabilidad de la fundación, tendría mucho que decir. Los investigadores también apuntan a que, según los testimonios recabados, López Adán no tenía suficiente autonomía para hacer o deshacer nada sin conocimiento y el visto bueno de sus superiores, en concreto del entonces concejal de IU Carlos Vázquez.
Los investigadores, que realizan el informe a instancias del juzgado de Instrucción 16, que investiga el caso, consideran que podrían existir responsabilidades penales por parte de los anteriores patronos de la fundación y de otras personas con cargo de responsabilidad dentro de la administración de la fundación.
Según denunció el PP al acceder al Gobierno local y por tanto al patronato de la fundación y a la documentación, los hechos podrían ser constitutivos de un delito societario en sus vertientes de falsedad en las cuentas anuales y administración desleal; apropiación indebida, contra la Hacienda pública, malversación de caudales públicos y fraude. El ministerio fiscal entiende, según recoge la Guardia Civil, que la denuncia aporta datos objetivos, revestidos de verosimilitud que apuntan a cuanto menos delito societario o bien su alternativa de apropiación indebida y falsedad.
El informe recoge contundentes testimonios del interventor municipal y un socio de Deloitte que insisten en que alertaron sobre el caos contable y el desequilibrio patrimonial, y llegan a afirmar que la situación era tan extrema que hubiera llevado tras el primer año a la destitución de los responsables de esa gestión en cualquier otra sociedad, ya fuera pública o privada. El Consistorio tuvo que inyectar 1,5 millones para equilibrar las cuentas.
