Uno de los imputados en la supuesta trama de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) admitió ayer ante la jueza que investiga el caso, que cobró más de 421.000 euros de dos pólizas distintas pagadas por la Junta de Andalucía. El intruso dijo que él creía que era una paga "por estar afectado por radiaciones de uranio a la que estuvo expuesto durante ocho años", por su trabajo como minero.
Antonio Arquero García también reconoció que era "amigo" desde hacía 40 años de Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social e imputado en el caso por ser quien disponía del denominado "fondo de reptiles". Según explicó a la magistrada Mercedes Alaya, ambos se conocían por ser vecinos de la localidad sevillana de El Pedroso (además de él también están imputados varios residentes del municipio y el exalcalde Rafael Rosendo). Arquero recibía en el año 2002 una pensión por invalidez de algo más de 300 euros, por lo que decidió "hablar con Guerrero" ante "la situación económica tan difícil". No obstante, afirmó que en la sede de la Seguridad Social le informaron de que "la Junta de Andalucía estaba otorgando unas ayudas de supervivencia".
El imputado le entregó toda la documentación a Guerrero y meses después acudió a su despacho para firmar la póliza. Cinco años después y tras haber cobrado 120.000 euros de esta primera póliza (de la que ayer mismo tuvo conocimiento la jueza a través de una llamada de la Guardia Civil), recibió una segunda póliza, gracias a lo cual desde 2002 viene cobrando 2.640 mensuales. Arquero creía que "tenía derecho" a cobrar esta cantidad por estar cotizando "desde los 14 años" y por "haber estado afectado por las radiaciones de uranio a la que estuvo expuesto durante ocho años".