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Un intruso dice que los 455.000 euros que recibió son justos

el 22 sep 2011 / 18:42 h.

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"De justicia". Así calificó Alejandro Millán, uno de los imputados por la presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), los más de 455.000 euros que recibió de una póliza financiada por la Junta de Andalucía. Millán y Rafael Ruiz, otro de los investigado por la jueza Mercedes Alaya, aseguraron ayer que son amigos del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado al ser el que disponía de los fondos para las subvenciones, y que éste les tramitó las ayudas cuando supo que estaban en desempleo.

Después de ampliar la investigación a 40 empresas más, la mayoría vinculadas a El Pedroso (Sevilla), la localidad natal de Guerrero, la jueza del caso retomó las declaraciones de los imputados con dos amigos del exdirector general. Alejandro Millán, quien protagonizó un episodio violento a la salida de los juzgados con los fotógrafos para evitar que estos captaran su imagen, es vecino de Guerrero en la citada localidad.

Desde 2007 hasta junio de 2010 cobró más de 455.000 euros gracias a la póliza que aquel le firmó tras conocer que se había quedado en paro y que cobraba 500 euros por una pensión de invalidez."Guerrero me dio la ayuda mediante la percepción de una renta, me dio la vida y desde entonces le considero amigo y más que amigo. Hay un antes y un después en mi relación con Guerrero", afirmó sin tapujos ante la jueza Alaya.

Millán insistió en que creía que ésta póliza, cuyo tomador no era una empresa sino la propia Junta de Andalucía, era "legal" porque fue el exalto cargo el que le dijo que existían "ayudas sociolaborales y que él se la tramitaría. Cuando acudió al despacho de Guerrero a firmarla y vio la cantidad pensó "que se estaba haciendo justicia", ya que esa era la cantidad que cobraba cuando trabajaba (1.800 euros mensuales) y entonces su pensión era muy escasa. Es más, pese a su imputación, afirmó que no considero que recibiera "indebidamente las rentas prestadas por la Junta y que le corresponden".

Por su parte, Rafael Ruiz, padre de una de las componentes de la lista del PP en Córdoba, que dimitió tras conocerse su inclusión en una póliza, también reconoció ser amigo de Guerrero. En este caso, dijo que se conocieron en una feria de El Pedroso y que a partir de ahí éste le llamaba "cada vez que había alguna celebración".

Ruiz le comentó que se había quedado en paro y, de nuevo, le prometió unas ayudas que ofrecía la Junta.Fue así, como Ruiz comenzó a percibir 1.200 euros mensuales, hasta recibir un total de más de 153.000 euros que, al contrario que el otro imputado que lo invirtió en una casa, los tiene depositado en una cuenta. Asimismo, dijo que ahora considera que esas rentas "no le corresponden" y, tras ser invitado por la jueza a devolverlas, pidió que le hagan "un escrito" porque no sabe "dónde hay que darlo".

Por último, tanto Millán como Ruiz dijeron que desconocían por qué sus nombres aparecen como asegurados de unas pólizas cuyos beneficiarios son las empresas Cespa y FCC.

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